La fiscalía rebaja la petición de penas para los imputados del 'caso Karlos'

La fiscalía ha decidido reducir la petición de penas para los imputados en la Operación Karlos, que investiga un fraude a la Seguridad Social. Lo hace por dos motivos: porque durante el juicio no ha podido consolidar su acusación sobre las suplantaciones de identidad en hospitales públicos de la provincia de Cádiz y porque ha llegado a acuerdos previos con la mayoría de los imputados. Las acusadas más conocidas -María José Campanario y su madre Remedios Torres- también han visto menguar la petición de pena: de cuatro años y medio a dos años y nueve meses. Con todo, en caso de ser aceptada esta solicitud por el tribunal, no podrían evadir la prisión.

El juicio por esta investigación encara ya su recta final. Se espera que entre hoy y pasado mañana quede visto para sentencia, una vez que las acusaciones y los abogados defensores presenten sus conclusiones finales. Se trata de aclarar la responsabilidad de 25 personas en una trama, descubierta por la Guardia Civil, que se dedicaba a cobrar y pagar por la expedición de informes médicos falsos para obtener pensiones de invalidez fraudulentas.

Campanario rechazó un pacto con la fiscalía, que le pide dos años de prisión

El fiscal había reclamado en su inicio diez años de cárcel para el cabecilla, Carlos Carretero. Ayer comunicó su decisión de rebajar esa solicitud a cuatro años. Le resta las peticiones por el delito de usurpación civil o de cohecho. Esta reducción es fruto de un acuerdo previo con Carretero para que reconociera los hechos. Lo mismo ha conseguido con otros 14 acusados, que también vieron ayer disminuir considerablemente sus opciones de ir a prisión, al fijárseles penas menores a dos años de cárcel. Si no tienen antecedentes, se librarán de entrar en prisión. Son, en su mayoría, clientes o médicos. Para dos de los doctores incluso se pide la absolución.

Ahora la pena mayor recae sobre el inspector médico Francisco Casto Pérez, para quien el fiscal reclama nueve años. Para él la reducción ha sido mínima. Le pedía antes del juicio diez años. Casto Pérez ha defendido durante el juicio su completa inocencia y no ha llegado a ningún acuerdo con la fiscalía. Su abogado, Felipe Meléndez, mostró ayer su consternación: "No hubo durante la instrucción ninguna declaración inculpatoria de mi defendido hasta que, sorpresivamente, cinco años después, 15 imputados le acusan, pero se niegan a responder a las preguntas de las defensas. Hemos sufrido indefensión".

Tampoco llegaron a un acuerdo con el fiscal las acusadas más mediáticas de este juicio, que ha provocado que la Audiencia Provincial de Cádiz haya desplegado un dispositivo sin precedentes para atender a la prensa. María José Campanario y Remedios Torres se enfrentan a penas de cárcel forzosa, al fijar el fiscal peticiones superiores a los dos años para ellas. El ministerio público pide dos años y nueve meses y las acusaciones ejercidas por la Junta y la Seguridad Social elevan esa solicitud a tres años para cada una.

El fiscal dará hoy el detalle de los motivos que le han llevado a esta rebaja general. Se elimina para todos el delito de usurpación. Es decir, que no puede demostrar que se suplantaran identidades en inspecciones, como sí corroboró la Guardia Civil que hizo la suegra de Carretero con Remedios Torres. Tampoco ha podido constatar que se pagara a funcionarios públicos dentro de la trama, de ahí que haya eliminado también el delito de cohecho. El abogado de Campanario y su madre, Francisco Baena Bocanegra, anunció ayer un prolijo escrito con sus conclusiones finales reclamando la "absoluta absolución" de sus defendidas.