El hermano de Castedo, 'oficina paralela' de Alperi

"Es un disparate, porque estamos hablando de 20.000 en el peor de los casos. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros]". La aseveración pertenece al promotor Enrique Ortiz a la hora de valorar la expectativa de negocio que le reportaría el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El empresario efectúa este cálculo en una de las múltiples conversaciones grabadas recogidas en la pieza del caso Brugal que investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento al promotor en el trámite del planeamiento urbano de la ciudad.

Según la policía y el fiscal, el empresario moldeó la redacción del PGOU a su interés personal en base a la información privilegiada facilitada en primera persona por la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor en el cargo y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi. La investigación va más allá y sostiene que el empresario apuntaló su estrategia con un entramado que incluyó expertos urbanistas, funcionarios y diversas mercantiles.

Movilizó a sus asesores para variar los parámetros de sus terrenos

Compró suelo protegido para trasvasar los aprovechamientos

Pidió recalificar el Rico Pérez para hacer gratis un nuevo campo

Un eslabón destacado del entramado de Ortiz fue la sociedad Salvetti Abogados y Consultores, SLP, cuyos administradores solidarios son los abogados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, y Javier Gutiérrez, ex portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante. Este despacho comenzó a funcionar en 2008 y, según la policía, medió por imposición directa del exregidor Alperi en el grueso de las operaciones inmobiliarias de Ortiz vinculadas al nuevo planeamiento urbano. "El hermano de la alcaldesa, Javier Gutiérrez y el exalcalde de Alicante, al parecer, actuarían coordinadamente a través de la consultoría Salvetti Abogados y Consultores, SLP", recoge el informe policial.

Uno de los mecanismos mediante el cual el empresario pretendía materializar el pelotazo urbanístico consistía en la adquisición de suelo en áreas de la ciudad que iban a ser declaradas parques naturales en el nuevo planeamiento para luego trasvasar sus aprovechamientos a zonas urbanizables en la ciudad. La segunda pata de la operación de Ortiz pasaba por la recalificación del estadio Rico Pérez, que un año antes había adquirido al Consistorio por 7,2 millones de euros. Si prosperaba la operación, Ortiz podría presentar a la afición un nuevo estadio gratis.

Las operaciones de compra de suelo en zonas protegidas y, en paralelo, en zonas urbanizables, se centraron básicamente en tres puntos: el saladar de Agua Amarga y la sierra de Fontcalent, ambas protegidas en el nuevo planeamiento, y el área de las Torres de la Huerta. Esta última zona se presenta en el nuevo planeamiento como la mayor área urbanizable de la ciudad, y pasó de un aforo de unas 2.000 viviendas en el primer avance del planeamiento a las 16.000 que recoge el documento final.

El informe policial asegura que "Ortiz puso en funcionamiento a todos sus técnicos y asesores (Rafael Ballester, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez) para que pudieran configurar de otra manera distintos parámetros referentes a las posibilidades de los terrenos que tiene en el Plan General", asegura el informe policial.

La operación de compra de suelo en el saladar de Agua Amarga se formalizó a través de la mercantil Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja. Según la policía, en la adquisición de este suelo protegido el empresario contó con la colaboración de directivos de Bancaja y la CAM, entidades que poseían el 59% del terreno de este humedal del sur de Alicante. Ortiz aspiraba a comprar el 41% restante, en manos de Tirant, los hermanos Quiles y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). De esta forma, junto con Bancaja, su socio en Deproinmed, hubiera llegado a controlar el 80% del suelo. Y todo ello con la intención de adscribir 700.000 metros cuadrados de suelo protegido en el Saladar al plan parcial de Torres de la Huerta para, en el futuro, trasvasar los aprovechamientos urbanísticos.

Los directivos de la CAM y Bancaja implicados en las operaciones de Ortiz fueron Vicente Sala, expresidente de la CAM, José Cortina, director general adjunto de Bancaja durante la investigación, y Daniel Gil, director de inversiones inmobiliarias de la CAM. El fiscal acusa a los tres de un supuesto delito de aprovechamiento de información privilegiada.

La segunda área donde Ortiz puso su punto de mira para adquirir suelo protegido fue en la sierra de Fontcalent. Según la policía, Ortiz compró allí un total de 1,7 millones de metros cuadrados.

El informe policial concluye que esa superficie, más las adquiridas en el Saladar, Pino Ruaya y Serra Grossa, "prácticamente compensan los aprovechamientos que tiene en Torres de la Huerta".

La segunda aspiración de Ortiz en el trámite del planeamiento giró en torno a la remodelación de estadio Rico Pérez para construir un nuevo campo a cambio de la recalificación de los terrenos. La policía sostiene que tanto Alperi como Castedo alentaron "de manera encubierta" las expectativas del empresario. No obstante, el proyecto, unas veces por la presión de los comerciantes y, al final, por la negativa campaña del Hércules, no cristalizó.

En la recta final del trámite del nuevo PGOU, el Ayuntamiento puso sobre el tapete otro proyecto que no pasó desapercibido para Ortiz: la apertura de una tienda de Ikea en la ciudad. Nada más conocerse la iniciativa Ortiz ofreció suelo en el plan Rabassa, que ya le fue adjudicado. El empresario ofertó a la multinacional sueca 150.000 metros cuadrados. Y, en paralelo, pactó con la alcaldesa una modificación de las condiciones iniciales que reunía la ficha urbanística de la parcela.

En contrapartida a todos estos supuestos favores que Alperi y Castedo dieron a Ortiz en el PGOU, el empresario los colmó de dádivas. Los regalos de Ortiz se hicieron extensivos a otra pléyade de cargos públicos locales del PP de Alicante y los autónomicos con mayor vinculación con la ciudad. Entre estos últimos se encuentra el consejero de Infraestructuras, Mario Flores. Según la policía, Flores recibió un reloj valorado en 2.000 euros. El consejero aseguró ayer que devolvió la dádiva y que dispone del recibo que lo demuestra.