Solidarios con las víctimas el metro

La asociación de víctimas del accidente de metro en Valencia y el Movimiento 15-M juntaron ayer fuerzas en el centro de la ciudad para exigir que se les escuche y comprenda. Los primeros, que se concentran una vez al mes en la plaza de la Virgen, pidieron de nuevo a la Generalitat que mejore la seguridad de la línea 1 del suburbano, donde ocurrió el siniestro en 2006 y en el que murieron 43 viajeros. Los indignados celebraron la reunión de ambos grupos y pidieron a las instituciones que promuevan "un juicio justo para la asociación de víctimas del metro".

Eso es precisamente lo que plantea la asociación cada vez que se concentra ante la catedral los días tres de cada mes desde el accidente. Las víctimas y sus familiares reclaman un proceso que "tenga en cuenta la omisión de medidas de seguridad en la línea 1 y que permita a las familias aportar la documentación necesaria para demostrar que el accidente era predecible y evitable". El próximo 3 de julio se cumplirán cinco años del suceso. "Si hace falta", leyeron en un comunicado, "seguiremos otros cinco años y los que hagan falta".

Por su parte, los indignados del 15-M marcharon de nuevo por las calles de Valencia. Cientos de ellos dejaron momentáneamente la plaza del Ayuntamiento para alcanzar la sede del Tribunal Superior de Justicia valenciano. La comisión de Jubilados encabezó la manifestación hasta que las víctimas del metro se unieron en la plaza de Alfons El Magnànim, momento en que compartieron la delantera.

Una vez en la plaza, frente a las puertas del tribunal, la marcha tomó el suelo y una de las portavoces leyó un comunicado, megáfono en mano. Entre otras cosas, exigió la dimisión del consejero de Interior catalán, Felip Puig, por la actuación de los Mossos d'Esquadra el viernes pasado en Barcelona. Entonces, el cuerpo policial desalojó a la fuerza la acampada de la plaza Cataluña causando decenas de heridos y sufriendo también alguno. La portavoz leyó además una de las reivindicaciones que más repiten los indignados estos últimos días, la modificación del artículo 87.3 de la Constitución de 1978. Según el 15-M, la Carta Magna impide en este artículo que la ciudadanía participe en modificar leyes orgánicas, lo que limita su poder de decidir en asuntos esenciales.