Encausados 16 controladores por el caos aéreo que provocaron en el puente de la Constitución

El caos aéreo que provocó un plante ilegal de los controlares aéreos en España en el arranque del pasado puente de la Constitución, el viernes 3 de diciembre de 2010, colea en los juzgados. El Juzgado de Primera Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar como imputados a 16 profesionales -entre ellos, el presidente del sindicato del gremio (USCA), Camilo Cela-, dentro del proceso penal abierto por el cierre del espacio aéreo, que llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma por primera vez en la democracia. A partir del próximo 18 de julio, los controladores aéreos tendrán que acudir a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid a declarar sobre su grado de participación en las acciones que provocaron el cierre del espacio aéreo los días 3 y 4 de diciembre pasado, según la diligencia dictada por la magistrada María del Sagrario Herrero con fecha 27 de mayo.

Los imputados responderán por un presunto delito de abandono de la función pública, tipificado en el artículo 409 del Código Penal, que puede conllevar una multa o suspensión de empleo o cargo, según explicaron fuentes del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, que representa a una plataforma de afectados, la Agrupación de Demandantes, que implica a 8.000 viajeros personados.

Esta organización solicita una indemnización de 10.000 euros por afectado, lo que suma un volumen de 80 millones, y pide que los controladores asuman la responsabilidad civil de los perjuicios causados. En total, el bloqueo de los aeropuertos aquel inicio del puente de la Constitución, en el que había un elevado tráfico aéreo previsto, afectó a más de 600.00 personas, entre retrasos y cancelaciones, que se acumularon en los días posteriores al abandono de los controladores.

Al margen de este proceso, los controladores también se enfrentan a las consecuencias de un posible delito de sedición. Debido al plante ilegal, la Fiscalía de Madrid inició una investigación por un posible delito de sedición, castigado con hasta ocho años de prisión, y el pasado febrero solicitó al juez que citara como imputados a los controladores, que previamente se habían acogido a su derecho a no declarar cuando fueron citados por el Ministerio Público. Los controladores citados, destinados en los centros de Barajas y de Torrejón de Ardoz, serán los primeros que comparezcan en Madrid en calidad de imputados ante un juez, aunque en otros lugares ya se ha tomado declaración, según informó Efe.

El mes pasado, por ejemplo, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma de Mallorca interrogó a varios de ellos por lo sucedido el 3 de diciembre de 2010, cuando 12 de los 17 controladores del turno de tarde del aeropuerto de Son Sant Joan presentaron una declaración de incapacidad sicofísica que motivó el cierre del espacio aéreo de Baleares.