El TSJ multiplica por siete el precio de una parcela expropiada en Benidorm

Una parcela de 4.103 metros expropiada por el Ayuntamiento de Benidorm en 2004 ha pasado de ser valorada en 490.741 euros por el Jurado Provincial de Expropiación a suponerle al Consistorio un coste de 3,62 millones de euros tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en fase de ejecución de sentencia. Y todo porque el Gobierno anterior, del PP, ni siquiera se personó en los recursos que emprendió el particular expropiado, que ha acabado multiplicando por siete el valor inicial del suelo, enclavado en parte en un barranco.

Todo comenzó cuando un propietario al que le iniciaron un procedimiento expropiatorio en 1996 de una parte de su parcela de poco más de 5.000 metros para canalizar un barranco solicitó en 2004 la expropiación del resto, que sumaba 4.103 metros.

El Ayuntamiento nunca llegó a personarse en los recursos

De los primeros 924 metros que el jurado valoró en 2001 a 58,82 euros el metro ya consiguió una revalorización del TSJ, que falló en 2005 elevar la cantidad a 149,40 euros.

Antes de concluir el primer procedimiento, el Consistorio inició el segundo para obtener el resto de la parcela y poder ejecutar el Parque de Foietes, incluido en el Plan General de 1990. El Jurado Provincial de Expropiación tasó los 4.103 metros en 490.741 euros, que debía pagar el Consell.

El propietario del suelo, en desacuerdo con la valoración, acudió de nuevo al TSJ para mejorarla y consiguió que una sentencia de marzo de 2009 la incrementara notablemente hasta 1,4 millones.

Un mes más tarde, el Gobierno local presidido por Manuel Pérez Fenoll decidió incluir el Parque de Foietes entre las obras del Plan Confianza impulsado por el Consell por un importe de casi 11 millones de euros, de los que una parte se debía destinar al pago de las expropiaciones y el resto a la construcción del parque, que incorporaba una biblioteca pública y un centro para enfermos de alzhéimer.

Como el Consistorio nunca llegó a personarse ante el alto tribunal valenciano, tuvo que pactar con el Jurado Provincial para que fuera este órgano el que anunciara a través de un abogado del Estado un recurso ante el Tribunal Supremo, que nunca llegó a presentarse.

El Ayuntamiento tampoco pagó los 1,42 millones al propietario del suelo, que reclamó la ejecución de la sentencia en el TSJ solicitando la actualización del valor de la parcela a fecha del inicio del procedimiento expropiatorio, es decir, de febrero de 2004, en base a índices que recogen las oscilaciones del mercado inmobiliario. Como el procedimiento arrancó otorgándole el jurado un valor al terreno con referencia a 1998, el TSJ accedió a volver a incrementar su precio hasta los 3,62 millones de euros.

El resumen es que el metro cuadrado de la parcela expropiada ha pasado de una valoración inicial de 120 euros el metro a 882, multiplicando por más de siete su precio, y ahora el Ayuntamiento de Benidorm se enfrenta a una ejecución forzosa de la sentencia que le obliga a pagar 3,62 millones más los intereses legales desde 2004, que pueden suponer otro millón más.

El auto llegó al Consistorio en abril de 2011 y el actual Gobierno local ya ha conseguido que el Tribunal Supremo le admita la personación en la causa para recurrirlo, pero las obras del parque siguen sin empezar porque la parcela no es municipal.