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Los astilleros temen otra crisis por cambios fiscales en la UE

María Fernández

Una nueva nube negra amenaza a la construcción naval, esta vez desde Bruselas. Los mayores astilleros de la ría de Vigo encabezados por Barreras advirtieron ayer que la Unión Europea está revisando el modelo de financiación tax lease, un esquema que ahora favorece fiscalmente a los constructores. Si se alteran las condiciones, asegura Francisco González Viñas, presidente de Barreras, las empresas podrían llegar "a desaparecer".

La alarma se la trasladaron ayer al alcalde de Vigo, Abel Caballero, para que a su vez medie en el Ministerio de Industria. El regidor les prometió que apoyará su demanda y que ha acordado un plan de actuación para ayudarles a pasar el bache económico. La situación en el sector está a un paso de convertirse en dramática. CIG, el sindicato más influyente en las empresas de la ría de Vigo, ha convocado hoy en Santiago una protesta "para que se cumplan los compromisos políticos que garanticen los empleos", dada la fuerte caída de pedidos y la falta de contratos.

Metalships ha pactado un ERE para despedir a 72 trabajadores; Vulcano está en concurso de acreedores y Barreras todavía no tiene atado el acuerdo con Armas para la construcción de ferrys, aunque espera cerrarlo "pronto".

La peor parte se la están llevando las empresas pequeñas y medianas de la industria auxiliar, sobre todo desde la crisis de Factoría Naval de Marín que atrapó a cientos de sociedades. "Tienen muchos problemas para financiar la deuda por la falta de pago de los astilleros, en la actualidad solo trabajan para terminar contratos", señaló ayer el responsable del naval de CIG, César Rodríguez. En el último año y medio, aseguran, se han destruido cerca de 7.000 empleos y "el 100% de las auxiliares tienen Expedientes de Regulación de Empleo, algunas ya van por el tercero". En cuanto a la capacidad del Ejecutivo gallego para contener la hemorragia, recuerdan que el pasado 23 de junio el Parlamento aprobó una ley que recoge varias propuestas que no se han puesto en marcha. Se refieren a medidas de coordinación de la industria, la creación de un fondo patrimonial de garantía que avale las ayudas públicas o el impulso a un centro de reparaciones en Vigo "como el que se está construyendo en Ferrol".

Según un reciente estudio de UGT, la ría viguesa ha perdido el 60% de su capacidad productiva por la ausencia de contratos. En el plazo de seis meses, si no se concretan nuevos pedidos, el informe augura consecuencias muy negativas e inéditas en el naval. El principal escollo parte de los precarios esquemas de financiación de nuevos proyectos. Con el grifo del crédito cerrado en bancos y cajas, la solución solo se garantizaría con avales públicos.

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Sobre la firma

María Fernández
Redactora del diario EL PAÍS desde 2008. Ha trabajado en la delegación de Galicia, en Nacional y actualmente en la sección de Economía, dentro del suplemento NEGOCIOS. Ha sido durante cinco años profesora de narrativas digitales del Máster que imparte el periódico en colaboración con la UAM y tiene formación de posgrado en economía.

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