Inútil total, sin revisión

Puede que me equivoque, pero la interpretación de los resultados del 22-M me lleva a la conclusión de que los ciudadanos le han dicho de manera inequívoca al presidente del Gobierno no solamente que no están de acuerdo con la política que ha puesto en práctica, sino también que no esperan nada bueno de él para el futuro. Los resultados del 22-M no han sido un voto de castigo que permite al que lo recibe intentar rectificar para recuperar la confianza ciudadana, sino que han sido una desautorización total de una política y de la persona que ha sido portadora de la misma y de la que no es posible recuperarse.

Si es así, me parece que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE pero también el comité federal deberían plantearse si es razonable mantener la apuesta de agotar la legislatura, a fin de poder seguir con el programa de reformas que se tiene previsto o si no sería mejor proceder a la designación del candidato a la presidencia por la fórmula que se considere más apropiada y proceder inmediatamente después a la disolución de las Cortes Generales y a la convocatoria de nuevas elecciones.

El comité federal debe pensar si no es mejor designar candidato y convocar ya elecciones

Estoy de acuerdo con la política que ha puesto en práctica el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para hacer frente a la crisis. Como ha explicado Miguel Boyer en varias ocasiones en las páginas de opinión de EL PAÍS desde 2009, ha sido una política acertada, en la que se han cometido errores de comunicación pero no de política económica. "El Gobierno español no previó la dimensión de la crisis en 2009 y pecó de sucesivos anuncios optimistas respecto a la salida de la misma, que, al no cumplirse, desgastaron la confianza en él, más aún de lo que ya desgasta cualquier crisis. Pero este error y otros de comunicación con los ciudadanos no impactaron mucho, afortunadamente, en la política económica: el Gobierno sí hizo los deberes". (La hora de los ajustes y de las reformas laborales 26/05/2010; Perspectivas económicas, 23/10/2009 y Ni perezosos ni improductivos, 17/02/2011).

Pero esta es una discusión académica que, tras los resultados del 22-M, es políticamente irrelevante. La política económica puede no haber sido mala, pero los ciudadanos la consideran pésima y la han desautorizado de manera rotunda. Y esto es lo decisivo. No estamos de acuerdo con lo que usted ha hecho y no contemplamos estar de acuerdo con nada de lo que usted vaya a hacer de ahora en adelante. Por muy injusto que al presidente del Gobierno y a sus ministros les pueda parecer, o por muy injusto que le parezca a reputados especialistas o a quienes no lo somos, eso es lo que han dicho los ciudadanos de manera abrumadora.

Los resultados del 22-M me han recordado la calificación que recibí del Ministerio del Ejército cuando llegó el momento de incorporarme a filas. Había padecido una dolencia al parecer de tipo reumático no muy conocida y cuando me hicieron el reconocimiento, ante la incertidumbre, los servicios médicos me declararon "inútil total: sin posibilidad de revisión".

Esta es la calificación que le han dado los ciudadanos al presidente del Gobierno. El presidente y el comité federal deberían extraer la consecuencia. No hay posibilidad de revisión.

Es verdad que no dispongo de la información de la que dispone el presidente del Gobierno o de la que dispone Felipe González, que ayer publicó un artículo en la Cuarta Página de EL PAÍS, en el que se pronunciaba por agotar la legislatura y seguir con el programa de reformas, pero creo que con los instrumentos de que disponemos en nuestra Constitución para hacer frente a "circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad", y de los que se puede hacer uso incluso cuando se han disuelto las Cortes Generales, porque para ello está la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, se podría hacer frente a cualquier emergencia que pudiera presentarse en los próximos meses.

No creo que los ciudadanos puedan entender que este Ejecutivo presente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 en el mes de septiembre y que las actuales Cortes Generales lo discutan durante los tres últimos meses del año. El debate de política económica para el 2012 que tiene que abrirse en el país no es un debate que deba ser arbitrado por las Cortes Generales, sino que es un debate que debe ser arbitrado por el cuerpo electoral y no con base en una propuesta del Gobierno, sino con base en las propuestas de los diferentes partidos y en especial de las de los dos posibles partidos de gobierno de España: PP y PSOE. Ese es el debate que el país necesita y que no debe posponerse por más tiempo.