El Parlamento acuerda cambiar la tramitación de la reforma de la ley de cajas

El Parlamento andaluz aprobó ayer por una infrecuente unanimidad la tramitación como proyecto de ley de la reforma de la ley autonómica de cajas para su adaptación a la norma estatal. El pleno de la Cámara convalidó previamente el decreto ley que contiene esta reforma y que fue aprobado por el Gobierno el pasado 26 de abril. Para la convalidación no hubo consenso, el grupo socialista hizo valer su mayoría, frente a la abstención de los populares -pese a un discurso de su portavoz lleno de reproches al Ejecutivo y calificativos de que la reforma era "mala" e "intervencionista"-. Los cuatro diputados de IU presentes en el salón de plenos votaron en contra.

El consejero de Economía, Antonio Ávila, defendió el proceso seguido por la Junta para reformar la ley andaluza sin precipitaciones y logrando los objetivos de la misma: el fortalecimiento del sistema financiero y facilitar el flujo del crédito a las empresas y a las familias. Ávila recorrió en su intervención los aspectos más significativos de la norma, que impide la compatibilidad de cargos electos y públicos con la pertenencia a los órganos de gobierno de las cajas, a los que limita el sueldo, y mantiene la tutela de la Junta en aquellas decisiones que supongan la creación de nuevos SIP (Sistema Institucional de Protección), la decisión de realizar la actividad financiera de forma indirecta a través de un banco, o la transformación de las cajas en fundaciones.

El portavoz del PP, Antonio Sanz, criticó al Gobierno la falta de negociación y la elección del decreto-ley para realizar la reforma, pese a que reconoció haber sido informado en una reunión con el propio Ávila. "Tuve que tomar notas en un iPad. No me dieron ni un papel", se quejó.