Los apuntaladores de Lorca

El teléfono no para de sonar. Ayer lo hizo unas 800 veces. Uno de los arquitectos técnicos que trabajan en el Centro de Valoración de Daños y Análisis de Necesidades de Lorca (Cedan), lo coge. Al otro lado, una vecina explica que uno de los tabiques de su casa ha comenzado a ceder ocho días después del terremoto y que algunas de las grietas de su vivienda han aumentado de tamaño. Nada más colgar, el técnico llama a la cuadrilla de arquitectos e ingenieros encargada de supervisar los edificios de la zona. Estos se presentan en el lugar de la incidencia y analizan el inmueble. La solución puede ser una simple reforma o el apuntalamiento del edificio. A veces, incluso, la demolición.

Los voluntarios salen cada día a analizar las patologías de los edificios

Habrá ayudas de hasta 106.000 euros para los vecinos que perdieron sus casas

Los vecinos tendrán que anticipar el dinero de las reparaciones

Desde este lugar en el que trabajan unos 200 arquitectos, aparejadores e ingenieros de caminos de manera voluntaria, se analizan todas las patologías de las edificaciones causadas por los temblores. Sus brigadas, formadas cada una por un jefe de equipo y cinco técnicos, están destacadas en cada una de las 29 zonas en las que se ha dividido la ciudad. Son las que analizaron uno por uno los 4.132 edificios del casco antiguo en las primeras 48 horas posteriores a la catástrofe. Y todavía siguen haciéndolo. Cada mañana se lanzan a la calle para realizar segundas y terceras lecturas de los inmuebles que tienen asignados y vuelven al Cedan cargados de informes.

Los últimos datos recabados por ellos, facilitados ayer mismo por la Consejería de Obras Públicas de Murcia, arrojan un resultado de 589 edificios con daños estructurales generalizados -código rojo, con daños estructurales muy graves- y 955 con daños localizados (código amarillo), es decir, que sus moradores deberán abandonarlos hasta que se concluyan algunas reformas. Solo podrán entrar en ellos para recuperar algunos enseres. El resto, aunque también presentan desperfectos, tienen código verde y, por tanto, son perfectamente habitables.

"Pero esas cifras no son definitivas", explica la directora general de Transportes y Puertos de Murcia, Carmen Sandoval, convertida desde el terremoto en máxima responsable de este centro de análisis. "Muchos de los edificios han pasado sucesivamente por los tres colores a medida que los hemos ido visitando. El diagnóstico, a lo largo de estos días, ha cambiado con mucha frecuencia y puede seguir haciéndolo", añade.

Cuando el resultado del análisis es rojo, entra en acción el Grupo Cero, una especie de equipo de élite del Cedan. Sus miembros, arquitectos, ingenieros y profesores de universidad, todos ellos especialistas en estructuras y rehabilitación de edificios, visitan concienzudamente cada uno de estos inmuebles e informan al centro. En caso de que se necesite asegurarlos o apuntalarlos, se pide la asistencia de la Unión Militar de Emergencias (UME), los bomberos o una de las 12 cuadrillas de voluntarios enviadas por varias constructoras. Si el único tratamiento posible es la demolición, es la arquitecta municipal, María García, la que tramita la orden de derribo.

Por el momento el Ayuntamiento solo ha aprobado seis de estas órdenes. Esos edificios se sumarán a los dos que se desplomaron durante el terremoto. Los trabajos de saneamiento y reparación de estructuras avanzan al ritmo de 3.000 puntales y 800 listones de madera colocados al día, todos ellos facilitados gratuitamente por empresas de toda la provincia de Murcia y de Alicante. El último envío benéfico recibido son más de 1.000 metros de valla metálica que los técnicos utilizarán para impedir que los vecinos se acerquen a los edificios más dañados.

Pero una vez terminadas estas reparaciones de urgencia, el turno será de los vecinos. El Gobierno y el Ejecutivo murciano han anunciado ayudas de hasta 106.000 euros para los que hayan perdido sus casas y de hasta 24.000 para reparar las que hayan quedado parcialmente destruidas. Sin embargo, serán los propios perjudicados los que tengan que afrontar las futuras reformas mientras llega ese dinero, que puede tardar en llegar algunos meses: el tiempo que tarden en tramitarse los papeles. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, pidió ayer a los bancos y cajas que faciliten préstamos con condiciones ventajosas para los damnificados que puedan ser devueltos una vez que reciban las ayudas.

Algunas entidades, como Caja Murcia, ya han puesto en marcha algunas de estas medidas para sus clientes de Lorca. La principal es que pueden solicitar créditos por el 100% de la ayuda concedida por las Administraciones sin ningún interés. La caja, además, se ofrece a adelantar las nóminas de hasta seis meses gratuitamente para estos trabajos y establecerá un período de carencia de dos años para las hipotecas en las que no se deberá abonar ni el capital ni los intereses. Cajamar y la Caja de Ahorros del Mediterráneo preparan planes similares.

Ayer, el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel; y el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, firmaron un acuerdo para facilitar lo más urgente ahora, el realojo de los vecinos que no puedan volver a sus hogares. Los propietarios que los hayan perdido definitivamente y tengan que alquilar una casa, tendrán derecho a 24 meses de renta, y a 12 los que hayan sufrido daños parciales. Por una casa de 100 metros cuadrados, la cantidad anual percibida podrá llegar a los 7.413 euros (617 al mes). Y a los que vivieran en alquiler, se les abonará la diferencia de renta con su nueva vivienda durante dos años. Los precios de viviendas en el centro de Lorca de 80 a 100 metros cuadrados oscilan entre los 300 y 400 euros.

Pero el papeleo y la desconfianza en la rapidez de la Administración ha generado desconfianza entre los ciudadanos. "No hemos podido sacar las cosas, ni siquiera el dinero en efectivo ni las tarjetas de crédito de nuestra casa y resulta que ahora tenemos que pedir un préstamo. Nos prometieron ayudas, ¿pero esto qué es?", afirmaba indignada Rosa delante de su portal del barrio de la Viña, marcado con un punto amarillo. María del Carmen, copropietaria de una tienda en el barrio de San Cristóbal asegura que invertirá todos sus ahorros en reformas para poder volver a abrir. "Creo que tengo que gastarme casi 30.000 euros, pero pido a los políticos que no me engañen", afirma. "Si han prometido las ayudas, tienen que llegar".