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Elecciones municipales y autonómicas | La polémica

Bildu delega en el mediador Currin la negociación de los presos de ETA

El Gobierno rehúye el contacto para que no se interprete que hay negociación

Bildu resaltó en el mitin que protagonizó el sábado en Barakaldo (Vizcaya) el papel del Grupo Internacional de Contacto (GIC), liderado por el abogado surafricano Brian Currin, en el fin de la violencia. Ciertamente, la izquierda abertzale ha delegado en este grupo internacional la cuestión de los presos de ETA. Ella se reserva la política con la coalición electoral, Bildu, que comparte con Eusko Alkartasuna y Alternatiba, y la reconstrucción de su propio partido, Sortu, si consigue su legalización. Confía en que así sea, una vez que el Constitucional ha autorizado la presencia electoral de Bildu y los resultados que arrojan los sondeos.

Los dirigentes de la izquierda abertzale ya anunciaron, cuando ETA declaró el alto el fuego unilateral y verificable, el pasado 10 de enero, que la banda terrorista no se ocuparía de la política y se limitaría a gestionar la solución para sus presos y el "desmantelamiento de sus estructuras militares" en el proceso abierto.

Buena parte del plan de Currin lo dirimirán pronto los tribunales

Los dirigentes 'abertzales' se han reservado la gestión de la agenda política

La izquierda abertzale se ha reservado la gestión de los asuntos de política cotidiana, y en su intento de mostrar su alejamiento de la violencia separará los dos mundos: el suyo y el de ETA. Es, por tanto, el Grupo Internacional de Contacto quien gestionará la cuestión de los presos de ETA. Su planteamiento es que necesita una garantía gubernamental sobre los presos para que la banda anuncie el cese definitivo. Cuenta para ello con la experiencia de Currin, de la criminóloga inglesa y exrepresentante de la ONU Silvia Cazale así como de Nuala O'Loan, embajadora irlandesa para la resolución de conflictos. Todos ellos jugaron un papel relevante en relación con los presos de las organizaciones terroristas, durante el proceso de paz irlandés.

Pero el problema que se plantea al Grupo Internacional de Contacto, que en los últimos meses ha mantenido varias rondas de reuniones con los partidos vascos -a excepción del PP, que se ha negado-, es que el Gobierno no quiere saber nada de él.

El Ejecutivo rechaza abrir un diálogo con dicho grupo porque se podría interpretar como una negociación con ETA, lo que implicaría, con toda probabilidad, la ruptura del pacto antiterrorista que mantiene con el PP.

No obstante, el Grupo Internacional de Contacto está haciendo un esfuerzo por facilitar el acercamiento al Gobierno. Su plan, recogido en la carta a José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo pública el miércoles, responde a lo que se denomina "agenda abreviada" en la jerga de la resolución de conflictos.

Plantea tres cuestiones: la legalización de Sortu, la cuestión de los presos de ETA y la verificación internacional del alto el fuego de la banda para lograr su final. Nada que ver con los planteamientos de ETA y la izquierda abertzale en procesos anteriores. Ni siquiera con el anterior, de 2006, en el que, aunque con carriles separados, se abordó una negociación política entre partidos y otra entre el Gobierno y ETA sobre presos y el final de las armas. Lo que se llamaba "agenda amplia"

Pero, además, parte del plan de Currin también lo dirimirán los tribunales. Así, la legalización de Sortu depende del Tribunal Constitucional, una vez que la izquierda abertzale materialice su recurso, esta misma semana, ante el alto tribunal.

En cuanto a la cuestión de los presos de ETA, el grupo internacional matizaba en la carta a Zapatero su propuesta y se limitaba a pedir la "flexibilización de las estrictas leyes de seguridad para posibilitar un entorno político inclusivo en el País Vasco". Es una referencia, entre otras, a la doctrina Parot, que implica en la práctica un alargamiento de las penas por terrorismo. Pero esta cuestión también se dirimirá en los tribunales. Hay un recurso ante el Tribunal Constitucional que este decidirá en otoño. Una calificación de "inconstitucional" pondría en la calle a muchos presos de ETA.

En cuanto a la verificación de la tregua, el grupo internacional ha pedido al Gobierno que facilite con ella el desmantelamiento de armas de ETA. El Ejecutivo no responde, pero el grupo ha hecho investigaciones por su cuenta y ha confirmado, por ejemplo, el cese de la extorsión de ETA.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 16 de mayo de 2011