Contra el empleo sumergido

El Ejecutivo ha decidido hacer frente al empleo sumergido. Para ello ha elaborado un plan de choque que consiste en conceder "un periodo de gracia" limitado, en el que se permite a las empresas infractoras regularizar el trabajo no declarado obviando sanciones, para a continuación endurecer las medidas y los controles. Se pretende así incentivar el afloramiento de ese empleo oculto, "prometiendo" que no habrá "represalias" y amenazando con consecuencias peores para quienes no procedan a su legalización.

Los perjuicios del empleo sumergido son más que evidentes. Para los trabajadores implicados supone no acceder a los beneficios de la protección social; no hay cotizaciones, no habrá prestaciones. En el ámbito empresarial implica la aparición de disfuncionalidades. Las empresas "con trabajadores irregulares" se colocan en el mercado en una situación privilegiada respecto de las que se someten a la ley, lo que genera una competencia desleal injusta e insolidaria. Para el Estado, la pérdida de ingresos proveniente del empleo sumergido dificulta la reducción del déficit público.

Por ello, el Gobierno ha aprobado un "plan extraordinario" que concede unos tres meses, hasta el 31 de julio, para que los empresarios que ocupan trabajadores de forma ilegal les regularicen, solicitando la afiliación y/o alta en la Seguridad Social. Estas situaciones no serían objeto de sanciones administrativas. Los nuevos contratos podrían formalizarse en cualquiera de las modalidades contractuales existentes, incluidos los contratos temporales con duración superior a seis meses.

Una vez concluido el proceso de regularización voluntaria se endurecerán significativamente los importes de las sanciones a las empresas infractoras, a quienes se impedirá acceder a bonificaciones en los programas de empleo. A partir de ese momento, la Inspección de Trabajo dirigirá sus esfuerzos a luchar contra el empleo irregular.

A juicio del Gobierno, con estas medidas se trata de dar facilidades para que el trabajo no declarado pueda regularizarse sin que los trabajadores pierdan derechos. Para los sindicatos, sin embargo, no es más que una "amnistía" que beneficia únicamente a las empresas defraudadoras.