El peso de la deuda

El volumen de deuda pública en el mundo desarrollado se ha duplicado casi en los últimos años y se ha convertido en la pesadilla de muchos Gobiernos occidentales. Los mercados emergentes, tras varios años de ajuste, tienen una situación fiscal mucho más desahogada. Es irónico que hace tan solo una década la profesión económica dedicó un par de años a debatir cómo funcionaría un sistema financiero donde no hubiera deuda pública. Recuerden que a finales de los años noventa, tras dos décadas de mejora ininterrumpida de la situación fiscal, había previsiones de superávits fiscales que alertaban de la desaparición total de la deuda pública en países como EE UU.

Ese fue un argumento convincente para la primera rebaja de impuestos de George W. Bush. La obtención de un superávit primario (superávit sin contar el pago de intereses de la deuda) es precisamente la base de los planes actuales de ajuste fiscal de los países con problemas, incluyendo España, ya que un superávit primario es condición necesaria para estabilizar y luego reducir la deuda pública como porcentaje del PIB -superávit que debe ser mayor cuanto más elevado sea el volumen de deuda inicial.

La próxima recesión puede ser muy, muy dura, ya que no hay recursos fiscales para amortiguarla

A pesar de lo que parece ser la opinión generalizada, los rescates derivados de la crisis financiera no han sido la principal causa del rápido aumento de la deuda pública en el mundo desarrollado. Con la excepción de Irlanda, los rescates bancarios no han contribuido más de 10-15 puntos del PIB a la deuda pública. De hecho, la gran mayoría de estos rescates acabarán generando beneficios para el erario público, lo cual es lógico, ya que dichos rescates implican la inyección de liquidez y capital en un momento en el cual los precios están excesivamente deprimidos debido a la avalancha (irracional) de vendedores y la ausencia de compradores. Si la gestión posterior de la crisis es correcta y el crecimiento y la confianza se recuperan, estas inyecciones de capital, una vez liquidadas, típicamente generan beneficios para los Gobiernos. Es el caso de Suecia en los años noventa. Por ahora, es el caso de los rescates bancarios en EE UU de los últimos tres años (¿recuerdan los comentarios que sugerían que la factura del rescate alcanzaría el billón de dólares? La realidad es que ha generado ya un pequeño beneficio).

La difícil situación de las cuentas públicas en el mundo desarrollado se debe a otros factores -entre ellos, una clara relajación de la disciplina fiscal durante la primera década del siglo. Después de la consolidación fiscal de los años noventa, los Gobiernos occidentales se relajaron excesivamente tras la recesión de 2000. Los grandes recortes de impuestos de la Administración de Bush en EE UU, el giro expansionista de la política fiscal de la Administración de Blair o el incumplimiento de los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la zona euro -que sugería que los países europeos equilibraran el presupuesto, o incluso alcanzaran un pequeño superávit, para así tener margen de maniobra suficiente para afrontar una recesión de gran tamaño- son ejemplos que documentan la falta de disciplina y previsión de los Gobiernos durante el periodo anterior de bonanza. Sí, muchos banqueros no fueron suficientemente cautos y aumentaron el apalancamiento de manera excesiva, pero muchos Gobiernos hicieron exactamente lo mismo. Ambos operaron bajo las mismas hipótesis: que la expansión duraría un largo periodo y que las recesiones serían suaves, por lo que no hacía falta generar amplios ahorros. Ambos se equivocaron, y ahora se están sufriendo las consecuencias.

Un ejemplo claro de este error de cálculo común a los Gobiernos y a los mercados financieros fue el impacto del mercado inmobiliario en la solvencia de ambos. Los mercados cometieron un error de cálculo al asumir que la inflación inmobiliaria continuaría en el futuro -y, por tanto, se diseñaron activos como las hipotecas de alto riesgo y sus derivados que solo tenían sentido si los precios de la vivienda seguían aumentando prácticamente ad infinitum-. De la misma manera, muchos Gobiernos cometieron un error de cálculo al asumir que los ingresos fiscales que se derivaban del sector inmobiliario seguirían aumentando siempre a la misma velocidad -y, por tanto, se consideraba que dichos ingresos eran permanentes, no cíclicos-. Esta hipótesis generaba una situación fiscal en muchos países mucho más saneada de lo que en realidad era, de la misma manera que la cuenta de resultados de muchos bancos parecía mucho más saneada de lo que en realidad era.

La otra razón por la cual la situación fiscal del mundo desarrollado es tan precaria es el envejecimiento de la población, que generará un rápido aumento de los gastos fiscales en salud y en pensiones. Esto se ha sabido durante varias décadas, pero en general los Gobiernos no han tenido el coraje de tomar las medidas necesarias para resolverlo, ya que afectan a una fuente fundamental de apoyo político: la tercera edad. Una mayor esperanza de vida, combinada con avances tecnológicos en el sector de la medicina, que permiten una mayor atención médica durante la vejez, han aumentado de manera exponencial el gasto médico. Más de dos terceras partes del gasto público en salud van dedicadas a los pacientes de edad más avanzada. De manera similar, la mayor esperanza de vida implica que los sistemas de pensiones basados en las transferencias intergeneracionales -donde las pensiones actuales se pagan con los ingresos derivados de las contribuciones de los trabajadores actuales- son actuarialmente deficitarios en la mayor parte del mundo desarrollado. Las reformas de las pensiones son absolutamente necesarias, ya que las promesas anteriores no se van a poder cumplir de manera integral o requerirán una carga impositiva enorme sobre las generaciones actuales. Por ello es difícil de entender la participación de los jóvenes en las manifestaciones en contra de la reforma de las pensiones. Estos jóvenes se están manifestando en contra de reformas que mejorarán su propio futuro, y alguien se está aprovechando de su ignorancia.

El peso de la deuda puede llegar a ser insostenible, como hemos visto en los últimos dos años, y por tanto es absolutamente necesario aumentar la productividad y la competitividad de las economías desarrolladas. Si el crecimiento potencial no aumenta, la reducción de la deuda pública será muy lenta, y la próxima recesión puede ser muy, muy dura, ya que los Gobiernos no tendrán recursos fiscales para amortiguarla. Los empresarios y las familias, que están sufriendo la deuda en su propia situación financiera, lo entienden. ¿Lo entenderán también los sindicatos y los políticos?

Ángel Ubide es investigador visitante del Peterson Institute for International Economics en Washington.