El 40% de las depuradoras de agua no funciona bien

La gestión de las depuradoras en Galicia, que está en manos de los ayuntamientos, es deficiente y, según el análisis de la Xunta, el 40% de las estaciones no alcanza "un nivel aceptable" de explotación. Por ello, en una de los reglamentos que desarrollará la Lei de Augas, el Gobierno gallego incluye la posibilidad de que los municipios pidan a la Xunta que asuma su gestión. En Galicia hay 132 depuradoras de aguas residuales en núcleos de más de 2.000 habitantes, de las que solo 23 están en manos de la Administración autónoma. Además, la Xunta se asegura una "medida de fuerza" para casos de negligencia en los que podrá intervenir para mantener el servicio y después repercutir el coste al ayuntamiento.

Este decreto de colaboración con las entidades locales aún no lo conocen en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). La semana que viene comenzarán las mesas de trabajo. "Estamos en el inicio de la tramitación, la voluntad de la consellería es llegar a un acuerdo", explicó el titular de Medio Ambiente, Agustín Hernández. Los ayuntamientos recaudan ahora el impuesto de saneamiento, tasa que iría a parar a la Xunta si se encarga de la gestión. "El dinero de la factura no siempre se dedica a mejoras" en el sistema, apuntó.

El segundo decreto de los cuatro que desarrollarán la ley se centrará en mejorar la red de colectores. En él tendrán también un papel destacado los municipios, que deberán redactar una ordenanza que obligue a las empresas a obtener un permiso de vertido para conectarse a la red de sumideros. El presidente de Augas de Galicia, Francisco Menéndez, indicó que entre el 50% y el 80% de la carga contaminante de las aguas residuales "se pierde en el camino" cuando llueve y que, en muchos casos, los puntos de vertido son "causa de este mal funcionamiento de la red".

Homogeneizar la ley

El conselleiro Hernández defendió ayer que las instrucciones publicadas por su departamento en el Diario Oficial de Galicia sobre la Lei de Ordenación Urbanística de Galicia (Louga) no son una modificación de la ley. Hernández apuntó que establecen una "forma

homogénea de interpretar la ley" y que se redactaron como consecuencia de varias jornadas con técnicos municipales. El conselleiro indicó que el objetivo es "reconocer una realidad y dar seguridad jurídica a unas 1.200 empresas" irregulares y que podrán pedir su legalización.