La alcaldesa de Polop se aparta de la trama urbanística

El juzgado número 3 de La Vila Joiosa continuó ayer la instrucción del llamado caso Polop que afecta a los supuestos delitos urbanísticos cometidos en la localidad de La Marina Baixa, que la Guardia Civil consideró en un primer momento el móvil del asesinato de Alejandro Ponsoda, su alcalde, en octubre del año 2007. En esta causa están imputados el ex alcalde de la localidad alicantina, Juan Cano, y el ex concejal de Polop, Jaime Narbó, por tráfico de influencias, así como el exingeniero municipal José Vicente Martí Albiñana por negociaciones prohibidas a funcionarios.

La actual alcaldesa de Polop, María Dolores Zaragoza, compareció en el juzgado, en este sentido, en calidad de testigo para declarar que no pudo haber sido objeto de coacciones por parte de sus excompañeros de Corporación municipal para que en 2004 le fuera adjudicada la condición de agente urbanizador de un sector del plan general de ordenación urbana a Blauverd porque en aquel momento no participaba en las reuniones que mantenía el grupo municipal.

Por otro lado, el representante de la citada empresa, Gabriel Antonio Olaso, trasladó a su excompañero de trabajo Vicente Girbés Camarasa la responsabilidad de la negociación para la compra por parte de Blauverd de tres parcelas a Cano, Narbó y su padre. Parcelas por las que se terminaron obteniendo unas plusvalías de casi un millón de euros.

El exconcejal de Urbanismo de Polop, Juan Andrés Llorens, es el único que de momento ha declarado que Narbó y Cano forzaron a Blauverd a comprarles el suelo para que se les adjudicara en un pleno el sector 8 Teuleria-La Paz.