El BNG se querellará por el cambiazo en el plan urbanístico de Ourense

Mientras Ourense se ancla en el limbo urbanístico, sin plan general de ordenación municipal (PXOM) porque el que aprobó el PP en 2003 fue declarado ilegal por ocho sentencias, los populares aprovecharon ayer una comisión en el Parlamento gallego para preguntarse a sí mismos sobre esta cuestión, poner en solfa al bipartito ourensano y destacar la "el avance" de la Consellería de Medio Ambiente.

El diputado y portavoz en funciones del grupo popular en el Ayuntamiento de Ourense, Enrique Nóvoa Poly, que formó parte del Gobierno local del PP que aprobó el plan anulado ahora, interpeló ayer en comisión a la directora general de Infraestructuras, Ethel Vázqueze, para que dijera lo que él mismo anunció que ya sabía de antemano porque asistió "a la reunión explicativa" de hace unos días. Y Vázquez respondió que la Xunta trabaja activamente con los técnicos del Ayuntamiento ourensano en la redacción del nuevo plan para evitar "la inseguridad jurídica de las actuaciones urbanísticas" que ahora se rigen por el planeamiento de hace 25 años.

El Bloque esperará a que sea firme el fallo administrativo por la maniobra

La pregunta de Poly Nóvoa se produce después de que la teniente de alcalde y candidata del BNG a la alcaldía, Isabel Pérez, anunciara la disposición de su grupo a demandar judicialmente a los autores del cambiazo que se dio en 2003 en los planes urbanísticos de Ourense y del que se iban a beneficiar determinados promotores. Los nacionalistas se refieren a que ese año, bajo el Gobierno del PP en Ourense, se presentaron dos documentos: el que se expuso al público para que los vecinos presentaran las alegaciones oportunas y el que se llevó al pleno -con un aumento en el volumen de edificabilidad- para su aprobación. El BNG espera solo a que el Tribunal Supremo ratifique el cambio en la edificabilidad que ha determinado ya el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Nacionalistas y socialistas exigirán la apertura de una comisión de investigación que permita depurar las responsabilidades políticas de los concejales del PP implicados en el cambio del planeamiento. El BNG recuerda que el actual presidente de la Xunta autorizó, y aprobó, el plan de urbanismo de 2003 cuando era vicepresidente de la Xunta de Fraga, pese a tener constancia documentada -lo alertó mediante escrito un particular- de la irregularidad. Y recuerda también que, por menos -un intento de adjudicación de unos paneles informativos que no se aprobó porque lo paró la comisión de gobierno del bipartito- dos extenientes de alcalde del BNG y un exdirector general municipal del mismo grupo están imputados, y pendientes de juicio, tras la denuncia presentada por el PP a la fiscalía.

La anulación del planeamiento de 2003 dejó a Ourense en el limbo urbanístico. Ayer, la directora general de Infraestruturas reconoció la complicación de la situación actual, con el plan de 1986 en vigor, porque "en 25 años ha habido muchos cambios de las normas urbanísticas".

Nóvoa, que abandona la política municipal -no fue incluido en la lista, rechazado por Baltar desde que en el congreso provincial se puso de parte del candidato de Feijóo-, reconoció ayer su participación en aquel planeamiento ilegal. "Asumo que formé parte de aquel Gobierno que aprobó en plena campaña electoral el plan de 2003. No escapo de mi responsabilidad, yo era el concejal de Medio Ambiente", entonó el mea culpa, aunque acusó al bipartito de abordar este asunto con demora.

"No hubo pelotazo urbanístico" en Ourense porque los particulares afectados por las irregularidades del plan impugnaron el planeamiento, repiten constantemente PSOE y BNG, responsables de gestionar un mandato con "esta lacra urbanística" que dejó el PP. Cuando el Tribunal Supremo dicte la sentencia pendiente sobre el cambiazo, "habrá responsables políticos y jurídicos", sostiene la teniente de alcalde. Buena parte de los concejales populares que en su momento aprobaron el planeamiento ilegal repiten ahora como candidatos en las listas del PP.