Columna
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Gallineros y triángulos

El Tribunal Constitucional (TC) otorgó la pasada semana a la coalición Bildu -formada por los partidos legales Eusko Alkartasuna (EA) y Alternatiba Eraikitzen (AE) y por independientes de la izquierda abertzale procedentes parcialmente de la disuelta Batasuna- el amparo pedido contra la sentencia de la Sala Especial del Supremo, que había anulado sus candidaturas a las elecciones municipales y forales del 22-M en el País Vasco y Navarra. La ajustadísima mayoría de la votación en el TC casi reproduce a la inversa el estrecho margen registrado en el Supremo, señal de las dificultades para alcanzar el consenso sobre una cuestión tan cargada de implicaciones políticas y de matices jurídicos. Los cinco votos particulares de los magistrados discrepantes giran en parte en torno a cuestiones procesales relativas a la apreciación de la prueba.

El sector del PP más intolerante con las resoluciones de los tribunales que contrarían sus intereses partidistas ha lanzado una virulenta campaña contra el Constitucional, convaleciente todavía de los ataques de los populares por no haber aceptado íntegramente su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. Bastante más allá de las fronteras de una crítica mínimamente razonable, los seis magistrados de la mayoría son acusados de cumplir servilmente las órdenes dadas por el Gobierno, rehén de sus sórdidas negociaciones entreguistas con el terrorismo. El eurodiputado Mayor Oreja habría encontrado el eslabón perdido de la reanudación de los contactos secretos -"el segundo tiempo del partido"- abandonados temporalmente en 2007, una hipótesis paranoica capaz de fagocitar en su provecho hasta las letras del alfabeto. La presidenta de Madrid sentenció con su habitual desparpajo que el Gobierno ha colado a la banda terrorista -a través del alto tribunal- en las instituciones representativas. Esteban González Pons -exconsejero de Camps, diputado por Valencia, vicesecretario de Comunicación del PP y aspirante a ninot fallero- ha fijado como nexo causal de la sentencia del TC que los seis magistrados de la mayoría "tienen buenos sueldos, cómodos asientos, coche blindado y escolta", de lo que cabe inferir que sus cinco colegas de la minoría cobran salarios modestos, reposan sobre duros bancos de madera y viajan inermes en metro.

El caso Bildu se plantea en los términos de un dramático dilema. O bien la coalición soberanista ha sido ideada y puesta en marcha por el complejo ETA-Batasuna, que habría atraído con ese propósito a sus redes -como la araña a las moscas- a dos partidos legales adversarios de la violencia para proseguir embozadamente las actividades del brazo político de la organización terrorista ilegalizado en marzo de 2003; o bien esa alianza de EA y AE con candidatos independientes de la izquierda abertzale (una expresión ideológica que "no ha sido proscrita de nuestro ordenamiento -recuerda la sentencia- ni podría llegar a serlo sin quiebra del principio pluralista y de los derechos fundamentales a él conexos") sería un nuevo paso en el camino del alejamiento respecto a la banda armada del sector mayoritario del nacionalismo radical procedente de la disuelta Batasuna, dispuesto ahora a cumplir las reglas democráticas.

Si el Constitucional y el Supremo han dado respuestas diferentes a ese dilema, partiéndose el tribunal casi por la mitad en ambas ocasiones, la causa es la diferente apreciación por sus magistrados de las pruebas aportadas por la Abogacía y la Fiscalía General del Estado. Los abundantes y groseros errores cometidos por la Guardia Civil -secundada incomprensiblemente por el ministerio público en su metedura de pata- al analizar las candidaturas de Bildu fueron sanados por la Sala Especial del Supremo mediante el expeditivo procedimiento de prescindir del habitual criterio de la contaminación subjetiva de las listas; la incoherente pretensión según la cual la ausencia de tales indicios de carácter personal confirmaría paradójicamente la necesidad lógica de ilegalizar Bildu es simplemente risible.

Pero ocurre que los elementos objetivos supuestamente reveladores de la estrategia de dominación del complejo ETA-Batasuna sobre Bildu (informes de las fuerzas de seguridad, papeles incautados a miembros de ETA y de Batasuna, noticias periodísticas y escuchas telefónicas) son "excesivamente débiles, cuando no irrelevantes". Los textos reproducidos resultan a veces incomprensibles a causa del lenguaje para iniciados -típico de los grupúsculos y de las organizaciones clandestinas- empleado por sus redactores. Sirva de ejemplo el documento Proceso democrático, considerado especialmente relevante por la Sala Especial del Supremo, y su fascinante moraleja: "Es más adecuado formar el gallinero de partidos, en vez de repetir el modelo de triángulo". ¿Estará aquí la madre del cordero o del lobo feroz?

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