Alarte propone un gran pacto valenciano contra la corrupción

"Urgen medidas de carácter político y administrativo. El Código Penal es siempre el último recurso". Así argumentó ayer el portavoz parlamentario de los socialistas valencianos, Ángel Luna, las propuestas que a continuación anunció el candidato socialista a presidente de la Generalitat, Jorge Alarte, para erradicar la corrupción, velar por la integridad de las instituciones y garantizar la calidad de la democracia. "Tenemos que hacer un gran esfuerzo", dijo Alarte al formular un "llamamiento a la valentía de la sociedad valenciana" para hacer frente a la sucesión de escándalos que han causado "la vergüenza, el descrédito y la falta de reputación de nuestras instituciones".

Alarte hizo un repaso de la actuación de su partido en relación con el caso Gürtel y otros escándalos de corrupción, para acabar justificando la presentación de la querella que ha convertido a los socialistas en acusación en que el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, rechazó ofrecer explicaciones tanto en sede parlamentaria como ante la sociedad y decidió "que solo respondería ante el juez".

Compromís y Esquerra Unida proponen una oficina antifraude

El líder del PSPV-PSOE resumió su propuesta en un Decálogo por la dignidad que plantea medidas novedosas en la doble dirección apuntada por Luna: administrativas y de tipo político. El instrumento más importante del decálogo es una Ley de Calidad Democrática y Transparencia que daría pie al desarrollo legislativo de un Sistema Valenciano de Integridad, en la línea de las experiencias que se han ensayado en varios países en el campo de la ética corporativa y de las Administraciones públicas. Alarte emplazó a la sociedad civil a un pacto valenciano contra la corrupción "para sentar las bases políticas de una cultura social de rechazo de la corrupción".El candidato socialista, en un acto en el que estuvo acompañado por Ángel Luna y por Francisco Toledo, cabezas de lista por Alicante y Castellón, explicó ayer que su partido tomó dos decisiones frente a la corrupción, combatirla política y judicialmente y "no participar ni directa ni indirectamente de ella". Por eso planteó que las normas y preceptos de la Ley de Calidad Democrática y Transparencia sean "de obligada aplicación para todos los sujetos públicos o privados que ejerzan potestades administrativas o presten servicios públicos, así como a toda entidad que reciba subvenciones o aportaciones públicas por un valor igual o superior al 25% de su presupuesto".

El "marco común de compromiso con la mejora de la calidad de la democracia", que Alarte considera "imprescindible para el futuro de la Comunidad Valenciana", incluye medidas como un código ético de la Generalitat Valenciana; la modificación del reglamento de las Cortes (para favorecer la transparencia y el control político); el reforzamiento de las sindicaturas de Greuges y de Comptes; la implantación de un sistema de evaluación de la integridad; la puesta en marcha de una plataforma electrónica de la Generalitat que favorezca la información; la regulación de mecanismos de protección de la honestidad de funcionarios y ciudadanos, así como el fomento de la participación de los Ayuntamientos en el Sistema Valenciano de Integridad.

Un punto llamativo del decálogo socialista es la creación de una Comisión de Ética de la Presidencia de la Generalitat formada por "cinco personalidades relevantes y prestigiosas" propuestas por el presidente y nombradas por una mayoría reforzada de dos tercios de los diputados de las Cortes.

El amplio alcance de las medidas que plantea Alarte pretende dar respuesta al diagnóstico que dibujó Ángel Luna, cuyo papel en la campaña, como lo ha sido durante la legislatura, se ha centrado en denunciar la corrupción protagonizada por cargos públicos del PP. Con él y con los 38 diputados de su grupo reconoció en público el líder del PSPV-PSOE "una deuda moral" por su actuación. Luna describió la corrupción en las instituciones valencianas como un cluster, un entramado que requiere una cadena de participantes para difuminar entre ellos la responsabilidad y proteger a los responsables últimos, "aunque hay un responsable último que es el presidente de la Generalitat".

El asunto de la corrupción, tenga o no finalmente traducción electoral, planea sobre la campaña como lo ha hecho sobre la política valenciana estos últimos años y amenaza con seguir protagonizando la vida pública un buen tiempo. Y si los socialistas, con un amplio apartado en su programa titulado Más democracia, lanzan un decálogo que prevé la Ley de Calidad Democrática y Transparencia y un Sistema Valenciano de Integridad, los otros partidos de la oposición también ponen énfasis en el combate de la corrupción.

Las medidas que propone la Coalició Compromís, bajo el expresivo apartado de Honestidad, transparencia y servicio a la ciudadanía, se centran en la creación de una oficina antifraude, un registro de contratos menores y pagos por caja fija, la introducción de la figura de los auditores públicos, el control de los gastos de representación y la creación de un registro de regalos a cargos públicos.

Por su parte, Esquerra Unida propone también una oficina antifraude, así como limitar el número de asesores y cargos de confianza, medidas de transparencia y contra el transfuguismo y el reforzamiento de la Sindicatura de Comptes y el Síndic de Greuges.

En el programa del PP, que ha protagonizado los escándalos de corrupción, no hay ni una medida concreta. Salvo una alusión a los mecanismos de transparencia en la gestión de los Ayuntamientos, solo el manifiesto de candidatos de candidatos autonómicos del PP suscrito en Palma de Mallorca el pasado marzo bajo los auspicios del presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, alude a que la Administración estará comprometida en "rendir cuentas de manera permanente" o promete regeneración para "recuperar el prestigio de nuestras instituciones con una acción política responsable y ejemplar". Camps firma con el resto de candidatos el manifiesto, pero su partido ha rechazado ya esta legislatura varias iniciativas concretas de la oposición para hacer efectivos sus objetivos.