Dos tazas del modelo Alzira (y más que están por venir)

Hace cuatro años, la gestión privada de los servicios públicos de salud se extendía sobre 400.000 personas (los vecinos de los departamentos de Alzira y Torrevieja). Con la puesta en marcha de los hospitales de Dénia (2009), Manises (2009) y Elche (2010), la cifra ya ronda el millón, lo que supone el 20% de la población del territorio valenciano. Nadie en España ha ido tan lejos en la atención sanitaria mediante la fórmula de la concesión administrativa.

El gran hito sanitario que se ha esforzado en vender la Generalitat durante los últimos meses ha sido la inauguración del nuevo macrohospital La Fe de Valencia, sobre el que ha centrado los focos de toda su propaganda. Pero si hay alguna característica que puede definir la legislatura (2007-2011) ha sido la consolidación de las fórmulas de colaboración público-privadas -expresión del agrado de la Generalitat- cuyo estandarte es el denominado modelo Alzira. Eufemismos al margen, se trata de seguir partiendo pedazos de la tarta de la sanidad pública para ceder su gestión al sector privado y que sean empresas las que se ocupen (y enriquezcan) de la atención sanitaria integral (desde el médico de cabecera a la atención hospitalaria) de los ciudadanos.

El escenario de fin de legislatura augura cambios de calado

Con Dénia, Manises y Elche, la fórmula ya cubre al 20% de la población

El modelo Alzira no parece haber resuelto la falta de financiación

El hito sanitario que ha vendido la Generalitat es la nueva La Fe

Camps ha anunciado que el futuro pasa por más iniciativa privada

Las mayúsculas tensiones financieras están en primer plano

En contra de lo que ha sucedido con las sucesivas inauguraciones de La Fe (un carrusel que amenaza con seguir, pues aún falta la apertura oficial), esta ofensiva privatizadora ha pasado bastante inadvertida. Frente a las polémicas vividas en autonomías como la madrileña, apenas ha habido ruido sindical en la apertura de los últimos hospitales. Se ha tratado de una operación tan discreta que apenas hay distintivos de las empresas que gestionan los hospitales en estos centros, por lo que la mayoría de los pacientes que acuden a ellos no saben quién está detrás de sus cuidados.

Este aspecto comparte protagonismo con los mayúsculos problemas financieros que ha tenido la sanidad pública. Atrás quedan los tiempos de las grandes crisis sanitarias, ya sea el masivo contagio de hepatitis C, las muertes por dializadores en mal estado o los irreductibles brotes de legionela de Alcoi de pasadas legislaturas. El susto corrió a cargo de la irrupción de la gripe A en la primavera de 2009, una amenaza -finalmente diluida- que exigió un ingente esfuerzo organizativo de todas las autonomías y que demostró que las políticas sanitarias coordinadas pueden funcionar muy bien.

Con permiso de Alzira, el primer plano de la actualidad lo ocupan ahora las fuertes tensiones que sufre la caja de la consejería. Sanidad nunca se había retrasado tanto como en el pasado mes de abril en hacer frente al pago a los farmacéuticos por las recetas de la Seguridad Social. Y nunca un colectivo local, como ha hecho la Plataforma de Proveedores de Sanidad, se había movilizado para denunciar abiertamente la crisis de las cuentas públicas como hizo a finales del pasado mes de marzo el citado colectivo al advertir del riesgo "real" de falta de suministro, la situación de hospitales con un 20% de dinero en caja respecto al año anterior o que había facturas en los cajones que entre 2009 y 2010 sumaron 1.300 millones de euros.

Es verdad que el déficit sanitario no es algo nuevo. Ni de este año, ni de esta legislatura. Ha llegado a formar parte de la costumbre que, de forma sistemática, a final de año los gastos de la Consejería de Sanidad superen de largo el presupuesto. Y, mientras tanto, parecía que a nadie del Gobierno valenciano le importaba demasiado. En 2009, por ejemplo, los 5.659 millones de euros presupuestados se rebasaron holgadamente y se gastaron 6.421 (762 millones de euros de números rojos). También es cierto que el déficit sanitario es común a todas las autonomías y, en general, representa entre el 10% y el 15% de los presupuestos. Y que tiene bastante que ver con factores como el envejecimiento de la población o el coste creciente de la tecnología sanitaria y los medicamentos.

Pero la Comunidad Valenciana se ha distinguido por contribuir a esta deuda de forma especial. Si entre los años 2003 y 2007 (la primera legislatura de Francisco Camps al frente del Gobierno valenciano) en toda España se acumularon 10.843 millones de déficit, la Generalitat fue responsable de 2.764 millones, nada menos que el 25% de toda la deuda estatal de sanidad, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), uno de los pocos que han abordado al detalle esta cuestión.

El final de la legislatura que termina parece coincidir con el momento en el que la bola de nieve de la deuda sanitaria (sumada al resto de números rojos que ha generado la Generalitat) ha engordado tanto por la suma de ejercicios deficitarios que está a punto de llegar al final de su recorrido y amenaza con estallar. Los retrasos en el pago a las farmacias o los proveedores serían un síntoma de esta situación.

Este escenario de fin de legislatura augura cambios de calado para hacer frente a una situación cuya solución se ha ido postergando a lo largo de las últimas décadas (el Informe Abril ya planteó la cuestión en 1990) y que está a punto de llegar a ser insostenible debido a la crisis económica.

Preguntado sobre la necesidad de tomar medidas y realizar reformas, el consejero de Sanidad, Manuel Cervera, insistió recientemente en la idea que ha repetido los últimos años como una letanía: es necesario un gran pacto estatal entre los dos grandes partidos que garantice una gestión más eficiente de los recursos y combata la deuda.

Cervera sostiene que gran parte del déficit sanitario valenciano tiene que ver con que el sistema de financiación penaliza a la Comunidad Valenciana al no contemplar toda su población. Pero además de mayores fondos, este acuerdo exigiría un esfuerzo de coordinación, por ejemplo, en la oferta de la cartera de servicios

En todo caso, no hay ninguna garantía de que este pacto pueda llegar a ser una realidad. Si no tomara cuerpo ¿será la próxima legislatura la de los recortes en la sanidad valenciana si el PP revalida su mayoría absoluta? ¿Habrá un anuncio similar al lanzado por la Generalitat catalana que contemplaba una reducción presupuestaria del 10%? Cuando se ha planteado esta pregunta a la Administración valenciana, despeja a córner e insiste en la idea de la necesidad del pacto. Con el copago, el consejero valenciano es algo más explícito: lo rechaza porque "una medida aislada no soluciona nada".

Mientras tanto, la alternativa se basa en el llamado "modelo sanitario valenciano", cuyo máximo exponente es el modelo Alzira. Frente a otras alternativas, el PP se decantó a finales del siglo pasado por una de las fórmulas más agresivas en lo que se refiere a apuesta privatizadora. No optaron por el modelo de la empresa pública, que facilita instrumentos del derecho privado que ofrecen la posibilidad de gestionar de forma más ágil las plantillas o combatir ineficiencias e inercias que, en ocasiones, lastran la eficiencia del sistema público, sin que los beneficios vayan a una empresa privada. O fórmulas mixtas público-privadas como las elegidas en Madrid.

La solución fue la concesión administrativa, que el Consell vende como una fórmula que le permite ahorrarse entre el 20% y el 30% del coste sanitario. No hay forma de saber si estos datos son ciertos. No hay suficientes estudios de entidades independientes que comparen la eficiencia de este modelo con la gestión pública tradicional y "hay poca transparencia en los datos que se facilitan", según se puso de manifiesto en el pasado congreso de la Asociación de Economía de la Salud. Desde la oposición, sostienen que en lugar de ahorrar, esta fórmula solo es ventajosa para las empresas adjudicatarias que no corren con gastos como la farmacia o la oxigenoterapia.

Las actuales dificultades financieras de la sanidad valenciana no parecen avalar la tesis de la eficiencia del modelo privatizador. Tampoco parecen suficientes las demás medidas tomadas por Cervera, como la centralización de las compras o el control del gasto farmacéutico. En todo caso, no parece que desde el PP haya mucha intención de cambiar el rumbo. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ya ha anunciado que el futuro pasa por reducir la Administración y potenciar la iniciativa privada. Hasta el punto de poner el modelo Alzira como ejemplo de gestión. Si la legislatura que se extingue ha sido la de las dos tazas del modelo, la próxima, de mantener el PP la mayoría absoluta, promete seguir por el mismo camino.