La empresa de un dirigente del PP explotó a una inmigrante

Debajo del logo de la página web de Senior Santiago figura el lema Vivir en buena compañía. Se trata de una empresa que ofrece "todo tipo de servicios asistenciales en el hogar, destinados a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, tales como: alimentación, cuidado e higiene, acompañamiento, apoyo a la movilidad...". La compañía, cuyo accionista único, Eduardo Julio Simón Teijeiro, es vocal del comité ejecutivo del PP de Santiago, funciona como mediadora entre los trabajadores del sector y las personas que buscan un asistente. Senior, SL recibe el dinero de la empleadora, paga al empleado, su seguridad social y obtiene una comisión por la operación. Pero en el caso de una trabajadora peruana inmigrada en Santiago, la práctica no confirmó la teoría.

La firma llegó a negar que la mujer hubiera trabajado para ella, asegura

Esta mujer había llegado a territorio español con la documentación en regla hace tres años. A través de la contratación en origen, había conseguido un empleo como camarera en un hotel. Al caducar esa autorización y perder el puesto, quedó en situación irregular. Fue entonces cuando, a finales de 2009, encontró trabajo mediante Senior Santiago. Durante un mes y algunos días cubriría las vacaciones de otra persona al cuidado de una pareja en la que el hombre sufría alzhéimer y párkinson y la mujer, principio de alzhéimer. La inmigrante pactó el empleo, que desempeñó entre el 2 de enero y el 5 de febrero de 2010, por 950 euros al mes y un plus por cada día más.

La compañía conocía la situación irregular de la trabajadora, asegura esta, quien pensaba que la empresa se lo había comunicado a la empleadora, hija del matrimonio enfermo. Senior ofrecía aparantemente servicios con trabajadores regulares. Pero no. Solo en la mitad de aquel mes, la mujer que había solicitado los servicios de Senior descubrió que el dinero que ella pagaba a la firma por la cuota de la seguridad social de la asistente no llegaba a las arcas del Estado: la trabajadora no podía estar afiliada al régimen general de trabajadores al carecer de papeles. La empleadora, que, según la trabajadora, la apoyó en todo momento, se dirigió al empresario contrariada por los hechos.

Días después, la empresa llamó a la empleada inmigrante para anunciarle que no iba a cobrar los 1.200 euros que le adeudaba. Según recuerda, porque "no había dinero para pagar". Acto seguido, en su versión, el dueño de Senior le espetó: "¿Y tú por qué tenías que decirle a la señora que no tenías papeles? Hemos perdido a un cliente". La víctima rompió a llorar. El empresario le extendió, entonces, un cheque por 20 euros, que la trabajadora rechazó.

La mujer inmigrante entró en contacto con Cáritas Santiago y el Foro de Inmigración. Durante meses, asesorada por estas asociaciones, continuó llamando a Senior para conseguir su sueldo. Las respuestas, constatan fuentes del foro, eran de lo más variopinto, desde negar que la mujer hubiera trabajado para la firma hasta que la empresa había cambiado de gestión y no encontraba su ficha. Ante la ausencia de resultados y la abundancia de negaciones, evasivas y desplantes, las ONG contactaron con los sindicatos.

Ayer, un piquete de la Central Unitaria de Traballadores (CUT) ocupó la sede de Senior, en la calle General Pardiñas de Santiago. Al final de una negociación, y con presencia de efectivos de la policía nacional, el empresario Eduardo Simón Teijeiro se avino a realizar el pago de 1.000 euros antes de dos días. Han pasado un año y tres meses desde que la trabajadora finalizó su labor.

Este periódico no consiguió ponerse ayer en contacto con el dueño de Senior para conocer su versión.