La compradora de un piso ilegal acusa al alcalde de A Cañiza de prevaricar

El alcalde popular de A Cañiza, César Mera, que agota sus últimas semanas en el cargo después de desempeñarlo 36 años -también fue presidente de la Diputación de Pontevedra-, afronta, con otra media docena de personas -promotores, un constructor y tres arquitectos-, una demanda por los posibles delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos, estafa y prevaricación, en relación con la construcción y venta de un edificio de viviendas del municipio con múltiples irregularidades. Mera, según la demanda, ha ido dilatando la reposición de la legalidad y propiciado que esta sea costeada por los compradores de las viviendas en lugar del promotor.

El asunto viene de lejos. Ya en 2005 una concejal socialista denunció que las obras que se ejecutaban en el número 72 de la calle Carmen, un edificio para nueve viviendas, incumplían la normativa urbanística local y el proyecto para el que había obtenido licencia. El alcalde quedó emplazado a la apertura del correspondiente expediente de reposición de la legalidad y a realizar una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de Ponteareas que sirviera de aviso a los potenciales compradores de las viviendas.

No se advirtió a los compradores del litigio que pesaba sobre el inmueble

Mera propone a los propietarios que paguen ellos en lugar del promotor

Agustín Pacheco Hernández y Paulina Gregorio Vidal, los socios de la promotora que realizaba las obras, Fincas Cañiza, SL, son el yerno y la hija de Manuel Gregorio, a la sazón teniente de alcalde de A Cañiza, circunstancia que, según la demanda presentada en los juzgados de Ponteareas, bien podría haber influido en la actitud municipal. Mera atribuye el detonante del proceso a motivaciones políticas del dirigente socialista Luis Piña, "mala gente", le dice a la compradora de una de las viviendas en una conversación que ella grabó y que aporta a la demanda.

El Ayuntamiento abrió expediente de reposición de la legalidad urbanística y requirió a Fincas Cañiza para ajustar las obras a la licencia otorgada. Pero la promotora fue formulando sucesivos recursos contra la paralización de las obras, hasta acabarlas, sin llegar a operar en ellas la reposición de la legalidad, y a su vez fue vendiendo las viviendas sin que nadie previniera a los compradores del litigio que pesaba sobre ellas.

En septiembre de 2009 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en sentencia firme, evitó la demolición del edificio al atribuir a "un error" su infracción capital (la invasión por los pilares de la obra del ancho normativo de la calle en 20 centímetros), e instó a Fincas Cañiza a subsanar media docena de aspectos ilegales. Pero la promotora aduce que está en la ruina.

Mera, según la demanda y las conversaciones grabadas que la acompañan, comprometió entonces la colaboración municipal -y la de su potencial sucesor en la alcaldía, el candidato del PP, Miguel Domínguez- para que se "maquillen" las obras ordenadas -añadiendo una pared a la fachada que disimule la anchura del vuelo o simulando ventanas falsas, por ejemplo-, que realizará otro constructor supuestamente concertado con él al efecto, José María Fernández Amado, el cual es también propietario de un bajo y de dos de las viviendas del edificio. Fernández Amado ha accedido a esta propiedad en un marco de relaciones y deudas con Fincas Cañiza, que esta, según afirma en otra conversación grabada, no ha acabado de saldar con él, y propone a los demás propietarios que sufraguen las obras de reforma al precio de "unos 15 o 20 millones de pesetas".

El edificio está parcialmente habitado y funciona aún, en abastecimiento de agua y electricidad, con las conexiones de obra. El alcalde garantiza la conexión futura a las redes municipales sin coste mayor para los propietarios, siempre y cuando estos apañen las reformas ordenadas por el TSXG y no presenten denuncias.

Es lo que ha hecho una de las compradoras. Contra el alcalde, Fernández Amado, Fincas Cañiza y los arquitectos Jesús Alonso Taboada (tasador de Tecnicasa), Francisco M. Iglesias Rodríguez, director técnico de la obra, y Pablo Ortiz Uribarri, que certificó su final, porque supuestamente ninguno constató sus ilegalidades y todos certificaron su realización de acuerdo al proyecto y a la normativa. El Ayuntamiento aún no se ha planteado qué hacer si los propietarios no asumen las obras.