El mandato de las manos negras

-Intermediario: ¿Qué pisos quieres?

-Ripoll: "Dos de distinto ascensor, D. y E".

Este breve pasaje de una de una conversación, recogida en el sumario del caso Brugal, entre el empresario Rafael Gregori y el presidente de la Diputación de Alicante y líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, es, quizás, el máximo exponente del grado de supuesta corrupción que ha incubado en las instituciones locales y provinciales valencianas en este mandato. Los jueces han destapado un sinfín de supuestas tramas corruptas integradas por cargos públicos y empresarios, cuyo nexo eran el urbanismo y las contratas, básicamente la basura. Los delitos más comunes son cohecho y tráfico de influencias.

Los escándalos más sonados han sido el PGOU de Alicante y el 'caso Emarsa'

Los delitos más comunes son cohecho y tráfico de influencias

Las tramas están integradas por cargos públicos y empresarios

El poder que algunos protagonistas de las tramas se arrogaban era absoluto. En otro pasaje de las escuchas del caso Brugal, el promotor Enrique Ortiz se jactaba ante uno de sus empleados de ser "la única mano negra" en Alicante. La síntesis de estos escándalos, con entramados rayanos en la novela negra, es más de 30 Ayuntamientos en los juzgados, con la guinda de la Diputación de Alicante, y centenares de imputados, acusados o implicados, entre ellos unos 50 cargos públicos.

La primera trama que saltó a la palestra fue la supuestamente pergeñada por el exalcalde de Polop Juan Cano, del PP, presunto cerebro de un complot, urdido en un club de alterne, para asesinar a Alejandro Ponsoda, su antecesor en el cargo, en octubre de 2007. Tras dos años de pesquisas fueron arrestadas y encarceladas siete personas, incluido Cano, por su implicación en el crimen. La investigación mantuvo que el móvil del asesinato fue el urbanismo. Los agentes también aportaron al juzgado una serie de datos sobre una supuesta trama urbanística, igualmente liderada por Cano. Los acusados están en libertad con fianza y la trama urbanística, que el juez desglosó en una pieza separada, se reduce a una permuta de suelo, propiedad de Cano, con una promotora.

Al caso Polop le sucedió la trama de los 300 chalés ilegales en la huerta del municipio de Llíber. La investigación sostiene que el Ayuntamiento, entonces gobernado por José Más, del PP, concedía licencias ilegales a cambio de suculentas sumas, más de 2,5 millones de euros.

El urbanismo planea como primer móvil de otro escándalo que ha puesto en jaque a los dos alcaldes del PP en Alicante, el exregidor Luis Díaz Alperi y sucesora, Sonia Castedo. Ambos, junto a otras 19 personas, están acusados por el fiscal Anticorrupción de Alicante de supuesto trato de favor al promotor local Enrique Ortiz en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Esta causa, aún bajo secreto del sumario, es una de las piezas más destacadas del sumario del caso Brugal. El escándalo surgió en la recta final del trámite del PGOU, que el Gobierno local del PP comenzó hace 11 años. El documento sancionado por el Consistorio está a la espera del visto bueno del Consell.

Las contratas de las basuras han puesto bajo sospecha la gestión de Ripoll en la Diputación de Alicante. El juez sostiene que el dirigente popular entregó la contrata de la planta de la basura del plan Zonal de La Vega Baja a una UTE integrada por Ortiz y Cespa a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico, un millón de euros.

Otro Ayuntamiento sacudido por el caso Brugal ha sido el de Orihuela. La investigación mantiene que el Consistorio, presidido por Mónica Lorente, del PP, amañó la contrata de la basura para beneficiar al industrial Ángel Fenoll, hegemónico en este sector en La Vega Baja. Por estos hechos fueron arrestados y están imputados tres ediles del PP.

En la provincia de Valencia, el mayor escándalo trascendió en el verano de 2010. Emarsa, sociedad que gestionaba desde hacía décadas la depuradora de Pinedo, inicia un proceso de disolución dejando tras de sí un agujero económico que, según los socialistas, asciende a 16 millones. El escándalo ha alcanzado también a otros municipios como Zarra, Montroi y Olocau.

De capital público y con un consejo de administración formado por alcaldes y concejales del área metropolitana de Valencia, la gestión de Emarsa está bajo sospecha desde el verano de 2010 en que comenzó su proceso de disolución. Los socialistas, que son minoría en el consejo, pusieron al descubierto una gestión plagada de irregularidades, despilfarro y presuntas estafas. Directivos que cobraban más que el presidente del Gobierno español, empresas que se embolsaron hasta 15 millones de euros por trabajos que la oposición sospecha que no se realizaron, contratos blindados a una empresa de lodos, y pagos a una empresa de azafatas, al frente de la cual estaba la mujer de uno de los directivos. Y en el capítulo de implicaciones políticas destaca la vinculación de varios directivos de Emarsa con el PP, partido al que pertenece el expresidente de Emarsa y alcalde de Manises, Enrique Crespo.

El Ayuntamiento de Valencia también ha tenido su particular escándalo, el de Los Jardines de Monforte. El caso se ha saldado con la imputación por presunta prevaricación del concejal delegado de Urbanismo de la capital, Jorge Bellver. El edil desoyó la orden de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat y autorizó un aparcamiento sin el informe del organismo autonómico. Las empresas que ganaron el concurso del aparcamiento fueron Secopsa y Enrique Ortiz. Bellver ha sido ascendido en la lista municipal e incluido por primera vez en la candidatura autonómica del partido.