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El deterioro del mercado laboral

Las empresas rentables que despidan tendrán que devolver el desempleo

Las prejubilaciones de firmas saneadas cuestan al Estado 240 millones al año

El Gobierno ha traducido ya a cifras su pretensión de evitar que el erario público sufrague en parte los despidos de las grandes empresas con beneficios. Las compañías con más de 500 trabajadores que prescindan al menos de 100 en tres años deberán devolver al Estado el importe de las prestaciones por desempleo que consuman los afectados por los expedientes de regulación de empleo. Los beneficios que haya generado la empresa en los dos años anteriores serán determinantes para decidir si la sociedad debe devolver el 100% del seguro de paro o un porcentaje inferior, según fuentes gubernamentales.

La concreción de la medida, adelantada por este diario la semana pasada, figura en una enmienda del grupo socialista a la ley de reforma de políticas activas de empleo, que tramita el Congreso. El Ejecutivo pretende que ese freno al coste público de las prejubilaciones entre en vigor alrededor del verano. Con el modelo actual, la empresa se hace cargo de la indemnización y de parte de las cotizaciones a la Seguridad Social hasta que el despedido accede a la jubilación, pero el Estado abona la prestación por desempleo y la cotización correspondiente durante dos años.

El Gobierno espera que la norma esté en vigor a partir del verano

Las cuentas de la compañía, claves para concretar la cuantía a reintegrar

Si se cumple el calendario, cualquier compañía que presente un expediente de regulación de empleo a partir del verano deberá ajustarse a las nuevas circunstancias. Estarán obligadas a restituir el desembolso del paro, total o parcialmente, las empresas que empleen a más de 500 trabajadores o pertenezcan a grupos que sumen en total esa plantilla. Será necesario que el expediente de regulación incluya a trabajadores de 50 o más años o a un grupo de al menos 100, independientemente de sus edades, en un periodo de tres años. No contarán para esos cálculos los mayores de 50 años que hayan sido recolocados en otra empresa en menos de tres meses.

Con estos requisitos, la autoridad laboral examinará las cuentas de la compañía en los dos últimos ejercicios. Si obtuvo beneficios claros, deberá restituir al erario público todo el coste del desempleo. Aunque no hay cifras precisas, fuentes oficiales aseguran que grandes firmas con beneficios han despedido en estas circunstancias a unas 10.000 personas al año en el periodo de crisis, con un coste medio anual para el sistema de 24.000 euros por cada despedido. Esa cantidad incluye el pago de la prestación de paro y la cotización a la Seguridad Social. De esa forma, el coste para las arcas del Estado asciende a 240 millones, de los que se recuperaría una buena parte con la nueva norma. Aunque la cantidad no es muy abultada (equivale, por ejemplo, a algo más de lo que cuesta al año el Centro Nacional de Inteligencia), las mismas fuentes insisten en el valor simbólico de una medida destinada a frenar las prejubilaciones, que provocan un alto coste económico y social para el país.

La intención inicial del Ejecutivo trascendió cuatro días después de que Telefónica anunciara que pretende prescindir del 20% de su plantilla (unos 6.000 trabajadores, aunque parte serán despidos estrictos y parte externalizaciones) en tres años. Con unos beneficios récord de 10.167 millones de euros en 2010, Telefónica aparece como clara candidata a asumir el 100% de la factura de paro que genere por este expediente (si se aprueba, eso sí, cuando ya esté en vigor la ley).

Para las empresas cuya situación económica no sea tan holgada, el pago compensatorio por el desempleo no llegará al total. El porcentaje se concretará en un reglamento posterior mediante una escala que tenga en cuenta el número de trabajadores de la compañía, los afectados con más de 50 años (son los que normalmente agotan los dos años de paro, pues aguardan en esa circunstancia hasta optar a la jubilación) y, fundamentalmente, los beneficios de la empresa.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, consideró ayer "razonable, equitativo y justo" que las empresas con beneficios que ajusten sus plantillas de ese modo compensen al Estado. "Se trata de que aquellas empresas con pérdidas puedan hacer ajustes de plantilla con la ayuda del sistema de protección por desempleo, pero que aquellas con beneficios no externalicen esos costes al conjunto de la sociedad", explicó a los periodistas tras presidir la toma de posesión del nuevo director para España de la Organización Internacional del Trabajo, Joaquín Nieto.

El PSOE confía en encontrar respaldo parlamentario suficiente para sacar adelante esta medida, en principio bien vista por casi todas las fuerzas. Uno de los apoyos clave proviene de CiU. El diputado Carles Campuzano asegura compartir la filosofía de penalizar las prejubilaciones, aunque "el planteamiento legal es original", ironiza. Esta formación ha presentado 60 enmiendas a la ley de políticas activas entre las que figuran perdonar a los autónomos las cotizaciones sociales durante el primer año de actividad y garantizar las aportaciones del Estado a las políticas activas.

El dinero que se reclame a las empresas en concepto de desempleo se destinará, previsiblemente, a un fondo específico que creará la ley de políticas activas de empleo. Los pagos empresariales sufragarían políticas activas para "los trabajadores de más edad", algo que se concretará en el reglamento al que remite esta enmienda. No obstante, se trata de una pretensión a largo plazo. De momento es más probable que cualquier cantidad rescatada de las prestaciones de paro se destine a enjugar el déficit que genera esta partida en los Presupuestos Generales del Estado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de abril de 2011