El Gobierno ejecuta la expropiación de suelo para la depuradora de Vigo

Aguas de las Cuencas del Norte, Acuanorte, no se fía. Esta empresa estatal rechazó la pretensión del alcalde de Vigo, Abel Caballero, de encomendar la expropiación de los terrenos para la nueva depuradora a la concesionaria del servicio municipal de aguas, Aqualia, a cambio de una prórroga de cinco años en la concesión, que caduca con el ejercicio de 2015. Acuanorte ha asumido directamente los trámites expropiatorios, aunque será el Ayuntamiento quien cargue con sus costes según el convenio suscrito el verano pasado por la empresa estatal, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, la Xunta y el propio Ayuntamiento. La participación de las tres Administraciones -más la europea, que financiará la obra- hacen temer más desencuentros y demoras, que acumulan ya dos años desde que se aprobó el proyecto, aún con el bipartito en la Xunta.

El vecindario aún está pagando los terrenos de la actual planta

Caballero quería disponer de los fondos para otros usos municipales

La nueva planta, que se construirá junto a la actual, en la desembocadura del río Lagares, deberá estar operativa en 2016 y costará 230 millones de euros, de los que Acuanorte aportará 112 millones, la Xunta 104,3 millones y el Ayuntamiento, los restantes 13,6 millones, que en su caso se corresponde con el valor en que se han tasado los terrenos necesarios. La aportación municipal se divide, a su vez, en dos partidas: una, de 3,3 millones, por los terrenos utilizables que ocupa la actual planta, y, la otra, de 10,3 millones, para la adquisición de nuevo suelo. El proceso expropiatorio comenzó hace dos semanas.

Caballero pretendía que fuera la concesionaria municipal, Aqualia, quien ejecutara las expropiaciones y financiara la operación, como ya hizo en los años noventa con los terrenos de la actual planta. A cambio, Aqualia vería prorrogada su concesión durante cinco años más, hasta 2020.

Pero la operación, por el quebranto que se derivaría para los intereses públicos con el aplazamiento del concurso de adjudicación, fue tácitamente anulada por el Ministerio de Medio Ambiente. Nadie, y menos que nadie el alcalde vigués, ha explicado los motivos de ese cambio de planes. El precedente de las expropiaciones para la depuradora que actualmente funciona en la desembocadura del Lagares, pudo ser un motivo determinante ya que sigue oliendo, aún ahora, a cuerno quemado.

La mala planificación de la actual planta comenzó con la dotación de terrenos para la misma y se instaló en su construcción y funcionamiento como una pesadilla para el vecindario del entorno, que en repetidas ocasiones ha tenido que ser realojado en hoteles por el hedor que irradiaba. Para construirla, el Ayuntamiento compró casi 90.000 metros cuadrados en tres fases. Pagó por todo ello -aún lo está pagando el vecindario a Aqualia, que financió la operación- casi 4,5 millones de euros.

En la primera adquisición, 61.440 metros cuadrados que costaron 1,9 millones, no pudo emplazarse ninguna pieza de la depuradora porque toda la superficie, comprada a particulares, se localizaba en zona de dominio público marítimo-terrestre (DPMT), según se comprobó después de concertar los pagos. La depuradora se instaló en terrenos comprados posteriormente por el Ayuntamiento -43.008 metros cuadrados, por 1,55 millones de euros- y, en su nombre, por Seragua (ahora Aqualia), 28.288 metros cuadrados, por los que se pagó algo más de un millón de euros pese a lo insólito de que 57 de los 59 "transmitientes" de terrenos no justificaron la titularidad que alegaban sobre ellos.

La financiación de todas las compras, los citados 4,5 millones, fue facilitada por Aqualia, cargándola, con otros gastos y un beneficio industrial del 11%, sobre el recibo del agua hasta el final de la concesión, el 31 de diciembre de 2015.

Caballero quería reproducir ahora esa misma mecánica financiera. Aqualia se vería compensada con la prórroga de la concesión y el Ayuntamiento, con la disponibilidad de 10,3 millones de euros para uso discrecional en los presupuestos municipales. Pero la propuesta no convenció en el Ministerio de Medio Ambiente, que ha preferido acometer directamente las expropiaciones y que el Ayuntamiento le vaya devolviendo la financiación en términos contantes y sonantes. Los 3,6 millones de este año ya están consignados.