Fiscales

Si nadie pone remedio, estamos a un solo paso de llevar al patíbulo a los fiscales que investigan las irregularidades detectadas en los ERE. La arremetida que están sufriendo es de tal índole que sorprende la escasa respuesta en defensa de este colectivo que se ha producido hasta ahora. Apenas constan unas declaraciones del fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, quejándose del desconocimiento existente en torno al estatuto orgánico que regula su función, pero queda claro que estas resultan absolutamente insuficientes ante la gravedad de las acusaciones de las que son objeto a diario.

Han sido tachados de estar al servicio de la Junta y no de la investigación y de la legalidad, ahí es nada. Son los términos en los que se despachó días atrás Javier Arenas, quien remató la faena advirtiendo que no hacen un buen servicio a favor de la credibilidad de la justicia. Puesto que tan graves palabras tuvieron una tibia réplica, su número dos, Antonio Sanz, insiste en la misma línea aunque ha ido más lejos aún. No se trata ya de atribuirles en su tarea parcialidad, al considerar que se alinean con las tesis de la administración autonómica, sino que los señala, públicamente, acusándoles de obstruir la acción de la justicia al oponerse a la entrega de las actas de los Consejos de Gobierno de los últimos 10 años, tal y como demanda la juez Alaya.

Sanz, abogado de profesión, sabe a la perfección que está atribuyendo, directamente, una actitud deliberada de los fiscales poniendo obstáculos a la investigación o, lo que es lo mismo, les acusa de cometer un delito. Al menos así lo parece. A pesar de ello, no hay una acción corporativa que esté a la altura de la relevancia de la embestida a la que estamos asistiendo. Sorprende que Calderón no se haya hecho más visible todavía en este contencioso, simplemente para que se respete con más contundencia el trabajo que están haciendo los suyos. También llama la atención la escasa intervención de las propias organizaciones profesionales de fiscales para salir al paso del atropello al que están siendo sometidos. Sólo se recuerda la aparición en una ocasión de la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, haciendo valer el trabajo realizado por su departamento desde que estallara el escándalo. En todo caso, se la ha visto muy poco arropada, siempre bajo sospecha. Bien haría el propio García Calderón en dar un mayor protagonismo al cargo que representa defendiendo la labor que realizan sus compañeros.

Claro que si ellos no son capaces de defenderse, ¿quién lo va hacer, si no? Menos mal que cuando la derecha recobre el poder político pondrán al Jesús Cardenal de turno para, por fin, tener a un ministerio fiscal verdaderamente independiente. Entonces, para cuando quiera reaccionar el García Calderón correspondiente, si es que lo hace, ya será demasiado tarde puesto que el prestigio de la institución que representa estará por los suelos.