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CORRUPCIÓN EN LA COSTA DA MORTE

La policía halla pruebas documentales de los sobornos en la Costa da Morte

Regidores y ediles de Obras se saltaron "de forma dolosa" la Ley de Contratos

Para los policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que investigaron la Operación Orquesta, no hay duda de la trama de corrupción en municipios de la Costa da Morte. Hay pruebas más que suficientes, consideran, para avalar la imputación por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho de 23 personas, entre ellas los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos y cuatro ediles de Obras. Las imputaciones del juez de Corcubión Andrés Lago contra estos siete cargos públicos, todos en libertad provisional desde el 31 de enero y candidatos a la reelección en los comicios de mayo por el partido de Independientes por Cee y por el PP en los casos de Fisterra y Mazaricos, "han quedado más apuntaladas si cabe", destacan en sus conclusiones finales los investigadores policiales, tras cotejar las conversaciones telefónicas intervenidas con la abundante documentación incautada en los ayuntamientos y las declaraciones de los imputados.

El constructor Ogando se jactó de llevarse una obra tras "tocar al jefe"

La policía cuestiona una adjudicación de la Xunta por 811.000 euros

Queda igualmente demostrada, según la policía, la comisión de delitos de los demás acusados, entre ellos nueve funcionarios o empleados de estos ayuntamientos, incluidos sus secretarios y arquitectos, así como cuatro constructores. Los investigados se saltaron "de forma dolosa y no negligente" multitud de normas de la Ley de Contratos del Sector Público. Son tantas las irregularidades que incluso las contrataciones en Cee, Fisterra y Mazaricos de varias obras públicas resultan "nulas de pleno derecho", advierte la policía judicial. Hay pruebas documentales y orales de que, destacan los agentes en sus informes finales, los responsables públicos de Cee, Fisterra y Mazaricos amañaron la contratación de obras públicas para adjudicarlas, de forma ilegal, a Construcciones Ogando, cuyos dueños, padre e hijo, así como su aparejador Miguel Ángel López de la Llave, son otros de los principales implicados en la trama. Probado de sobra también está, para la policía, que alcaldes y concejales recibían de los Ogando tanto dinero en metálico como favores varios. Los constructores, además de mordidas a los políticos, sufragaban parte de las fiestas locales y empleaban, en Cee y Fisterra, personas impuestas por los alcaldes.

En la práctica totalidad de las obras públicas investigadas, los policías destacan que se las llevó Ogando pese a presentar las ofertas más caras. Incluso en algunos casos en los que los procedimientos administrativos para la adjudicación fueron normales, y no se vulneró la ley, según comprobó la policía, "resulta llamativo" que los Ogando se llevaran la obra pública pese a tener el presupuesto más caro. Estos constructores de Muxía siempre resultaban ganadores en los concursos de adjudicación gracias a tener, con mucha diferencia, la mejor valoración técnica de los proyectos. En los tres ayuntamientos contaron con "la cooperación necesaria" de secretarios y técnicos municipales -todos imputados- encargados de evaluar las ofertas y velar por la legalidad de las adjudicaciones "amañadas de antemano".

En Fisterra, por ejemplo, los constructores de Muxía obtuvieron en 2010 cinco obras municipales, por un importe de 761.123 euros. La adjudicación siempre fue amañada, dice la policía, por el alcalde, José Manuel Traba, del PP. Se vulneraron "multitud de preceptos legales" para adjudicarlas a Ogando, pese a tener las ofertas más caras. Esta constructora también obtuvo de la Xunta una obra de saneamiento por 811.604 euros. No estaban aún intervenidos los teléfonos de los ediles de Fisterra cuando se adjudicó en mayo, reseña la policía. Pero se investigó porque en una conversación con otro empresario, Ogando padre se jactó de haberla obtenido, frente a 50 competidores, tras haber "tocado al jefe, al alcalde de Fisterra".

La policía, tras analizar el expediente de esa contratación de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos (Eposh), concluye que "es impoluto el desarrollo formal de ese procedimiento" de adjudicación. Pero es "llamativo" que Ogando ganara el concurso "de nuevo gracias a las valoraciones técnicas" de la mesa de contratación, con una significativa ventaja en la puntuación sobre las demás empresas. Tenía, sin embargo, "la peor oferta" cuando se trataba "de valorar criterios automáticos".

Malversación y fraude fiscal del alcalde de Cee

Las actividades delictivas del alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo, quedan de sobra probadas para los investigadores policiales. Hay evidencias reiteradas en cada uno de los seis delitos que se le imputan, subrayan los agentes en sus conclusiones finales. Tres de esos presuntos delitos los comparte con los regidores de Fisterra y Mazaricos (tráfico de influencias, cohecho y prevaricación). Pero a Vigo se le acusa además de otros tres, entre ellos falsificación en documento, por preparar facturas falsas, con la complicidad de otro imputado, el agente artístico Jorge López Lago, para defraudar una subvención de la Xunta. "Queda acreditado" también que el alcalde de Cee malversó dinero público con su controvertida gestión de la comisión de las fiestas patronales de A Xunqueira durante los dos últimos años. Y se calcula que el regidor independiente defraudó a Hacienda más de 120.000 euros, lo que constituye un delito de fraude fiscal, advierte la policía.

Vigo se encargaba personalmente de los festejos que celebra su localidad cada mes de agosto. No hay fiscalización en el Ayuntamiento de lo que se recaudaba y se gastaba en esas fiestas. La mayor parte del dinero "se genera en B". "Es desmedido el interés del alcalde por realizar los pagos de espectáculos sin gestionar el IVA", destacan los investigadores policiales. No pudieron "determinar la cuantía de lo defraudado a Hacienda" con esos pagos de dinero B. Pero calculan que superarían los 120.000 euros, la cuantía mínima para imputar a Vigo también un delito de fraude fiscal.

Dado que "la recaudación de las fiestas no se realiza a través de organismos legalmente establecidos, puede dar pie" además "a un presunto delito de malversación de fondos públicos", continúan los agentes en sus conclusiones finales sobre la Operación Orquesta. "Nadie puede tener la total garantía de que el dinero recaudado" para las fiestas por parte del alcalde "se emplea para su fin último y no para otro de otra índole". Para las fiestas de 2010, que suelen costar en total unos 150.000 euros, el alcalde sólo declaró en el Ayuntamiento haber recaudado unos 800 euros por la tasa que pagan las barracas y los puestos. "Usualmente esos ingresos superaban los 7.000 euros", según el informe contrario de Intervención Municipal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de abril de 2011

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