El PP apoya que la luz no suba por encima del IPC

En el complicado mundo del cálculo de la tarifa eléctrica, defender que un kilovatio se pague por su coste real y a la vez que el recibo de la luz no suba más allá del IPC es tanto como decir una cosa y la contraria. Pero en política apenas hay imposibles. El PP apoyó ayer una proposición no de ley impulsada por el BNG para que "el precio final de la electricidad esté en función de los costes de generación de cada tecnología", siempre que el encarecimiento tenga como techo el crecimiento de los precios.

La narrativa nacionalista le da la vuelta a lo que las compañías reclaman (que si la tarifa se ajustase a los costes de generación, la luz sería mucho más cara). "Las cuatro mayores eléctricas tuvieron unos beneficios el año pasado de más de 8.000 millones", argumenta Henrique Viéitez. "El fondo de la cuestión es que el problema del déficit tarifario es resultado de un sistema de generación de precios totalmente opaco e injusto", asegura. Este sistema, que se adoptó en la primera legislatura de José María Aznar como presidente del Gobierno, paga por igual a todos los productores "independientemente de la tecnología que utilicen".

El PP gallego está de acuerdo con el BNG, pero al contrario que los nacionalistas, no quiere instar al Gobierno a que modifique el marco que define los precios. "El modelo no se sostiene", aseguró ayer en el Parlamento el diputado popular Pedro Arias. Se refería a que todo ha cambiado para peor por "la gestión de Zapatero". "La escalada de precios [en sus mandatos] ha superado el 50% cuando el PP nunca autorizó subidas por encima del IPC", analizó. Lo que subyace en la tesis de los populares es el fin del mercado intervenido. "La transición [hacia el libre mercado] será difícil, pero hay que intentarla", dijo Arias. En un reciente informe de FAES, el foro de pensamiento del que se nutre el partido, anuncian que las distorsiones actuales parten de colocar en el mercado energía "de origen renovable por delante de otras tecnologías, con independencia de los precios", lo que, junto con la obligación impuesta por el decreto del carbón (utilizar una materia prima nacional, más cara), elevan los costes.