El fiscal alega que la juez Alaya invade competencias de la Junta

La Fiscalía Anticorrupción cree que la juez Mercedes Alaya invade competencias de la Junta de Andalucía cuando reclama las actas de todos los Consejos de Gobierno desde el año 2001 hasta la actualidad. En su respuesta al requerimiento de inhibición planteado por la Junta, que cree que la juez no puede acceder a las actas por ser reservadas, Anticorrupción advierte que Alaya se arroga facultades que no le corresponden al reclamar las 480 actas "en su globalidad y no extractadas y referidas a los acuerdos adoptados".

La juez solicita las actas "sin establecer ninguna discriminación", lo que, según la fiscalía, abarca "tanto a las materias clasificadas como reservadas (los informes que queden incorporados a las actas) como incluso las secretas (deliberaciones y votaciones, en su caso), por cuanto los citados documentos que constituyen las actas lo son en su conjunto". Aunque Alaya precisara en un auto posterior que solo le interesaban para la investigación los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con la partida presupuestaria de los ERE, la fiscalía advierte de que las actas constituyen "un todo inseparable".La juez Alaya solicitó las 480 actas porque no las considera "ni reservadas ni secretas". Solo cree secretas "las deliberaciones, opiniones y votos emitidos". El Gobierno, por su parte, sostiene que la información que exige la juez es reservada, motivo por el que planteó el conflicto de jurisdicción.

El fiscal, como la Junta, entiende que si para la investigación judicial solo interesan los acuerdos sobre los ERE, "bastaría" con que el secretario del Consejo de Gobierno expediera certificaciones que acrediten el contenido de estos acuerdos, "sin que sean necesarias las actas en su totalidad para colmar las exigencias de la investigación".

Como avanzó EL PAÍS el pasado viernes, Anticorrupción esgrime en su escrito la Ley del Gobierno, que regula el contenido de las actas del Consejo y califica como documentos reservados todos los que se presenten ante ellos, incluidos los informes que se incorporen a las actas. Este es el caso de los realizados por la Intervención sobre el procedimiento por el que se estaban dando las ayudas a las empresas. Estos informes "únicamente pueden hacerse públicos", recuerda la fiscalía, "cuando así lo acuerde el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía".

Anticorrupción cree, además, que los documentos solicitados por la juez Alaya no solo pueden contener información "reservada", sino también "y de modo previsible", materias "secretas" que "no pueden ser objeto de revelación".

El fiscal, además, subraya que la entrega de todas las actas completas de los últimos 10 años excede el principio de la proporcionalidad. "Si bien es prevalente en este punto el interés general de la investigación penal al que responde la actuación judicial, también debe ser merecedora de cuidada reserva la protección de los intereses generales y públicos que ostenta un órgano de relevancia constitucional como es el Gobierno de la Junta de Andalucía".

La posición de la Junta y la Fiscalía es la opuesta a la del PP, que ejerce la acusación particular. Los populares entienden que el conflicto de jurisdicción planteado por el Gobierno es "una falaz argucia" para demorar la entrega de las actas por parte del Consejo de Gobierno. Según el PP, lo único secreto son las "deliberaciones, opiniones o votos emitidos" y no los acuerdos pedidos por la juez.

Paralelamente al conflicto de jurisdicción, la Junta ha presentado un recurso para que lo resuelva la Audiencia de Sevilla en el que acusa a la juez de infringir la ley en los sucesivos autos en los que ha exigido las actas del Gobierno.