La Xunta ahoga al Consello Social al impedir que se renueve el pleno

Las crisis las carga el diablo, los informes del Consello Económico y Social quizá también. El órgano consultivo, que entre otras muchas cosas emite dictámenes sobre los anteproyectos de ley que redacta el Parlamento, funciona con respiración asistida desde junio de 2008. En esa fecha debería haberse renovado todo su pleno, presidente incluido. Pero, aquel verano, el Gobierno bipartito presidido por Emilio Pérez Touriño tenía varios frentes abiertos en medio de un espeso ambiente preelectoral. La industria del automóvil amenazaba con despidos masivos, la construcción caía en picado y, en resumen, el plus de resistencia de la economía gallega sobre el resto de España se demostraba tan falso como una moneda de tres euros.

El desánimo interno se nota. Se han recortado un 37% los gastos

El presidente, Pablo Egerique, admite que "no es la situación ideal"

Pasaron 10 meses sin que nadie moviese un dedo para renovar el pleno del CES, y el PP ganó las elecciones. Desde 2004, al frente del organismo está Pablo Egerique, un hombre del PP nombrado en la última etapa de Fraga en un gesto que rompió la tradición de consensuar la decisión con el resto de partidos. Porque Egerique, destacado miembro de la burguesía conservadora viguesa, fue presidente del PP en Vigo y delegado de la Zona Franca con todos los Gobiernos de José María Aznar. Lo que no parecía fácil es que contase con la simpatía del ala económica del Ejecutivo de Touriño, que contra todo pronóstico lo mantuvo en el cargo.

Después de dos mandatos muy largos, ratificar su permanencia o su relevo en el puesto depende de lo que decida Alberto Núñez Feijóo. El titular de la Xunta lleva 24 meses pensándoselo. No se explica de otra forma la parálisis que sufre la institución, compuesta por 35 representantes de los sindicatos, la patronal, las universidades y un puñado de colectivos, como organizaciones de consumidores, cofradías o sindicatos agrarios. El problema no está solo en la presidencia. La interinidad se extiende a todos los miembros e incluso al secretario, puesto que ocupa en funciones un voluntarioso administrativo desde que se jubiló el titular, en enero de 2010. Gestiona los informes aunque la responsabilidad exceda con creces su categoría profesional.

"Estamos pendientes de que se publiquen los cambios", señala Egerique, que quiere enfriar cualquier duda sobre la marcha de la institución. "No está afectada, seguimos haciendo los dictámenes y la memoria socioeconómica con gran esfuerzo". Admite que desconoce la causa de que la Xunta tenga congelados los nombramientos y reconoce que ésta, ni es la situación ideal, ni un plato de su gusto. Mas críticos se muestran algunos vocales. "Se podría pensar que se está produciendo cierta prevaricación por parte de la consellería. Están impidiendo el funcionamiento democrático de este organismo de consenso", ataca desde la CIG Manuel Currás Meira. Se refiere a los miembros que, por diversas razones, cursan baja en el Consello. No quedan reflejados en el Diario Oficial de Galicia y, por lo tanto, sus sustitutos no pueden firmar los dictámenes, aunque sí participar en los debates. Tampoco cobran dietas.

"El desánimo interno se nota, han rebajado un 37% los gastos para las comisiones. Nadie puede negar que hasta hace poco este organismo tenía un prestigio y un nivel reconocido en todo el país. Ahora se ve que no es prioritario, quiero pensar que el tema ha estado aparcado porque hay cosas más urgentes, pero ya va siendo hora de que se renueve". Manuel Fontenla, de Xóvenes Agricultores, resume así la opinión casi unánime de seis organizaciones consultadas por este periódico que designan miembros en el Consello.

Con Comisiones Obreras, por ejemplo, se da la paradoja de que de sus ocho representantes (cuatro titulares y cuatro suplentes), por distintos motivos solo quedan dos. "No podemos reemplazarlos. Lo hemos denunciado en distintos foros pero no hay respuesta", protesta Maica Bouza, responsable del gabinete económico del sindicato.

Hartos de esperar, el pasado 20 de diciembre le dirigieron una carta (firmada junto a UGT y CIG), a la titular de Facenda, Marta Fernández Currás. La conselleira no aplicó su habitual diligencia para atajar el asunto, simplemente se limitó a informarles que Feijóo es quien tiene la última palabra. Oficialmente, su departamento minimiza los problemas: "Que permanezcan en funciones no supone ningún prejuicio ni para el desarrollo diario ni para los intereses de las instituciones representadas". Pero hasta la patronal reconoce que no puede contar con todos sus vocales. Eso sí, frente a la sensación generalizada de que hay algo más que desidia, la Confederación de Empresarios es la única que no entra a valorar los motivos. "Esperamos que los cambios sean lo más ágiles posible", dicen. Van 34 meses.