La Xunta aumenta por ley hasta 75 años las concesiones portuarias

La Xunta quiere ampliar de un plumazo hasta un máximo de 75 años las concesiones en terrenos de los puertos de su competencia, actualmente limitadas a un máximo de 30 años no prorrogables. Se trata de un plazo que "genera problemas en la explotación" de actividades como industrias conserveras, astilleros o puertos deportivos, "que implican notables inversiones". De ahí que ponga en marcha una modificación de la Ley de Creación del Ente Público Portos de Galicia, de 1994, para ampliar las concesiones a 50 años, con la posibilidad de sumar otros 25 mediante prórrogas.

La modificación está plasmada en el anteproyecto de ley de Portos de Galicia, del que la Xunta no ha dado cuenta públicamente hasta que fue recientemente colgado, sin aviso previo, en la página web de la Consellería de Mar, de la que depende el ente que preside José Manuel Álvarez-Campana.

El anteproyecto de ley pretende "dar mayor confianza al inversor"

Las novedades son dos. Para la ocupación de dominio público portuario mediante autorización, el plazo máximo será de cuatro años, uno más que el vigente. En el caso de ocupación mediante concesión, se establece el límite en 50 años, con la posibilidad de ampliarlo con prórrogas a 75.La ampliación de los períodos de concesiones es el objetivo exclusivo del anteproyecto, de artículo único, que incluye una disposición transitoria que permite que la prolongación del período de ocupación beneficie no solo a las futuras concesiones y autorizaciones, sino que también puedan acogerse a ella las que estén vigentes cuando comience a aplicarse la ley.

El sistema que regirá en los puertos de competencia autonómica -todos excepto Vigo, Marín, Vilagarcía, Ferrol y A Coruña- superará ampliamente al que establece la legislación estatal, que se amplió en 2003 desde 30 a 35 años. La experiencia de esta ampliación, explica la ley en su preámbulo, "indica que existen actuaciones y situaciones que generaron problemas en la explotación del dominio público en actividades que implicaban importantes inversiones". La Xunta sostiene que, en algunos casos, se han producido "renuncias" a ocupar el suelo portuario, "por no poder llevar a cabo una actividad con unos mínimos márgenes de rentabilidad".

Fuentes de Portos de Galicia atribuyeron el cambio a una simple "cuestión política". El preámbulo del anteproyecto abunda un poco más en las causas, entre las que destaca "el momento actual de incertidumbre económica", que, según el ente público, "hace precisa la modificación de los límites en los plazos de las concesiones". Los nuevos períodos irán a un máximo de 50 años, mientras que los 25 años de prórroga se aceptarán "en función de la actividad y la inversión acometida por el concesionario" "Con esta medida se intenta dar mayor confianza al inversor, ampliando los plazos de amortización de las obras ejecutadas", explica la justificación del anteproyecto. También pretende "constituir una garantía ante las posibles medidas de financiación, subvenciones de otras administraciones, etcétera, garantizando un mayor período de actividad".

En cuanto al acogimiento a la ampliación de los plazos para las concesiones ya autorizadas, la ley apela a la necesidad de adaptar la normativa a concesiones concedidas "con unas previsiones iniciales que fueron variadas por las circunstancias económicas de los últimos años".

La ley que creó Portos de Galicia, de 1994, no establece período alguno para las autorizaciones, las que se aplican en la ocupación de dominio público con instalaciones desmontables, ni para las concesiones, que afectan a infraestructuras fijas que modifican el suelo. El reglamento que desarrolló la ley autonómica en 1995 estableció períodos de 3 y 30 años, respectivamente. Según fuentes de Portos de Galicia, el plazo de las concesiones se puede prorrogar en la actualidad "en casos excepcionales", aunque ni en la ley ni en su reglamento aparece contemplada esta posibilidad.

El artículo único del anteproyecto atribuye a Portos la gestión de la ocupación del dominio público mediante autorización o concesión. En el primer caso, el plazo es de cuatro años, incluidas prórrogas. Para las concesiones, el plazo inicial no podrá ser superior a 50 años. Las prórrogas se autorizarán únicamente en aquellos casos ya previstos en el título administrativo de otorgamiento en los que, unidos al plazo inicial, "superen en total el plazo de 50 años y hasta un máximo de 75 años". Esta posibilidad se reserva para aquellas concesiones "que sean de interés estratégico o relevante, o por su nivel de inversión".