El Banco de España autoriza a la caja los 2.622 millones del fondo de rescate

Los gestores de Novacaixagalicia pueden respirar tranquilos hasta septiembre, o mejor dicho, contener la respiración. El Banco de España ha validado el plan de refuerzo de la caja que, como adelantó EL PAÍS en marzo, está basado en una enorme inyección de dinero público que podría terminar en lo que eufemísticamente se conoce como nacionalización de la entidad.

El supervisor admite la petición máxima de 2.622 millones de euros con la condición de que la caja que copreside Julio Fernández Gayoso haga un verdadero esfuerzo de adelgazamiento, venda la mayoría de su cartera de participadas donde pueda conseguir plusvalías y rebaje esa enorme necesidad desprendiéndose de los activos que más pesan por su riesgo. En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores esta mañana, la caja asume esa inyección pública como "límite máximo". La receta se completa con lo que ya se había anunciado: la búsqueda de inversores "no especulativos", que se conviertan en compañeros de viaje estables y que marquen un buen precio de referencia para el fondo de rescate. En suma, otorga un pequeño respiro para que, en el más favorable de los escenarios, NCG pueda llegar a cumplir su objetivo de que la inyección de dinero público se quede en 1.600 millones. La estrategia aprobada por el organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez debe detallarse en las próximas semanas y remitirse de nuevo al Banco de España y al fondo de rescate. La última palabra la tienen, por este orden, el Ministerio de Economía y Hacienda y la Comisión Europea, que puede vetar la ayuda del Gobierno español.

Pego, candidato a presidir el futuro banco que ha pedido la caja

En un comunicado, la caja mostró su satisfacción por que el Banco de España vaya a garantizar "un capital principal del 10%, situándola en uno de los niveles más altos de las entidades financieras internacionales". Novacaixagalicia tiene una de las ratios que miden la solvencia en el nivel más bajo de las entidades españolas. Pero también presenta un saneamiento elevado. Con la fusión se vio obligada a realizar dotaciones para cubrir posibles pérdidas que alcanzan los 3.008 millones de euros. Es, para la caja, una posición "óptima ante las pruebas de resistencia a las que se someterán la gran mayoría de bancos y cajas españoles a principios del verano".

El largo y espinoso camino hacia la privatización ha abierto varios frentes dentro y fuera de la entidad. Ayer, el copresidente Mauro Varela insistió en que siguen trabajando para encontrar inversores privados y que el banco que van a crear para volcar todo su negocio estará autorizado en septiembre. El mejor situado para presidir ese banco, según fuentes próximas a NCG, es José Luis Pego, actual director general. Su constitución se formalizó oficialmente ayer, aunque sus órganos de gobierno se definirán cuando se sepa qué porcentaje manejará el Estado y cuál, en su caso, los inversores privados. Preguntado por la última calificación crediticia anunciada por la agencia Fitch, que otorga a la caja el nivel de bono basura, Varela no dudó en responder: "Yo no sé quién es Fich". Inmediatamente minimizó la noticia: "A la deuda soberana le ha pasado lo mismo, prácticamente". Añadió que "todas las cajas están en la misma situación". Molesto por las últimas declaraciones de Abel Caballero, alcalde de Vigo, que sigue apuntando a Alberto Núñez Feijóo y a Caixa Galicia como responsables de la situación de debilidad de NCG, Varela recordó que el regidor es "un gran economista y sabe de sobra que el Registro Mercantil está ahí y que los balances están a disposición de quien quiera consultarlos". Finalizó diciendo que la caja es la más solvente de España.

En el plano laboral continúan las fricciones internas entre los sindicatos, que creen que tarde o temprano habrá nuevos recortes de estructura -aunque oficialmente no se ha planteado ampliar el ERE que ya se ha cubierto en su totalidad-. En el último comunicado de la sección de UGT, sindicato que no firmó el pacto laboral, se apunta a que la situación de inestabilidad está acelerando las prejubilaciones: "Quienes han solicitado la medida y no se han podido marchar están acongojados por si no pueden salir a tiempo", aseguran.