La mafia de los burdeles accedía a pisos de refugio para prostitutas

Las garras de la presunta mafia policial que amparó durante años la explotación sexual de cientos de mujeres en Lugo llegaban incluso a los lugares donde las víctimas acudían, desesperadas, a refugiarse de los matones que regentaban los burdeles de la comarca. Según los testimonios recogidos por la juez Pilar de Lara en el abultado sumario judicial del caso Carioca, en el que están imputados agentes de la policía nacional y la Guardia Civil y hasta el exsubdelegado del Gobierno en Lugo Jesús Otero, muchas de las prostitutas que pedían ayuda al Ayuntamiento o a las ONG para escapar de la mala vida eran atendidas por el cabo Armando Lorenzo, uno de los principales acusados, que solía acompañarlas a los pisos protegidos donde se ocultaban. El sospechoso comportamiento del guardia civil alertó a las trabajadoras que asistían a las mujeres en peligro, pero alguna mano paró aquellas denuncias.

En el sumario de la operación constan más de 60 imputados por siete delitos

Uno de los episodios más graves se produjo en 2005, cuando la madama de un prostíbulo apareció en una de las viviendas secretas que tiene el Ayuntamiento de Lugo para dar cobijo a víctimas de maltrato en busca de dos chicas allí alojadas. El suceso alertó a las responsables de la Casa da Muller de Lugo, el organismo municipal que gestiona los pisos, que redactaron un escrito para remitírselo, según afirmó ante la juez una trabajadora de una ONG, a la concejala socialista Carmen Basadre, que se comprometió a enviárselo "al organismo competente". La declarante no volvió a saber nada de aquella denuncia.

En los pisos refugio a los que acudían las mujeres explotadas en los burdeles de Lugo, la mayor parte de ellas víctimas de la pobreza de países como Brasil o Colombia, el cabo Armando Lorenzo se movía a sus anchas. El guardia civil imputado se encargaba de llevar allí a mujeres detenidas en redadas en clubes de alterne, aunque la mayor parte acababa recayendo en las redes de los proxenetas de la mano, supuestamente, del agente del orden que ellas creían las iba a proteger.

Una de las empleadas de las viviendas municipales de la Casa da Muller relató ante la juez la conversación de la que fue testigo y en la que participó el cabo Lorenzo, al que identificó en las fotografías que le mostraron en el juzgado. En el salón de uno de los pisos de acogida, el guardia civil animaba a una chica extranjera a desistir en su intención de huir de la prostitución y la emplazaba a ponerse a las órdenes de un proxeneta amigo suyo "que la iba a tratar mucho mejor". Angustiada, según el relato de la testigo, la confiada mujer le confesó al agente investigado por corrupción policial su temor a que la mafia que la había traído a Lugo pudiera "hacerle algo" a su pequeña hija. Ella y su compañera abandonaron pocos días después el piso y la empleada municipal denunció el comportamiento de Lorenzo ante las responsables del servicio. Ocurrió también en 2005. Pero Armando Lorenzo no fue detenido hasta octubre de 2009. En el sumario de la Operación Carioca constan más de 60 imputados por agresiones sexuales, prevaricación, tráfico de influencias, tenencia ilícita de armas, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos y cohecho.