Mujeres muertas de miedo que nunca se quejaban

No fueron solo las trabajadoras de ONG y pisos de acogida las que se percataron de que aquel guardia civil llamado Armando Lorenzo no estaba por la labor de ayudar a las prostitutas. Dos compañeras del cabo en el instituto armado confesaron a las empleadas de la Casa da Muller de Lugo, dependiente del Ayuntamiento, sus sospechas de que el ahora imputado en el caso Carioca cometía graves irregularidades y aseguraron que las estaban investigando "por su cuenta" porque las habían denunciado a sus superiores y estos "no les habían hecho caso".

Las agentes, adscritas al Equipo de Mujer y Menor (Emume) de la Guardia Civil, no se fiaban de su compañero y, como relatan los testigos ante la juez, trabajaban al margen de Lorenzo en sus actividades de apoyo a prostitutas. Ellas avisaban antes de las redadas a las responsables de los pisos de que necesitarían alojamiento para varias mujeres y a las que querían escapar de los clubes de alterne las remitían a ONG que pudieran ayudarlas.

El cabo acusado de pertenecer a una mafia policial, sin embargo, llevaba a las prostitutas a los alojamientos promovidos por el Ayuntamiento de un día para otro, se quedaban allí poco tiempo y luego desaparecían. Lo hacía además el guardia sin dar explicaciones a las trabajadoras del servicio sobre los motivos por los que llevaba allí a aquellas chicas. Pese a todo, las responsables de los pisos, dicen, confiaban en él. Después de todo era un agente del orden.

Ingresos nocturnos

Pero "ahora que ha saltado todo", los testigos de aquellos sucesos han empezado a atar cabos. Relatan que apenas tenían contacto con las prostitutas que llegaban con el guardia civil imputado porque "sus ingresos se producían de noche y apenas pasaban en el hostal uno o dos días". Y una de las mujeres que durante años estuvo vinculada a las tareas de ayuda a prostitutas en la ciudad de Lugo recuerda especialmente a dos chicas a las que el cabo Lorenzo llevó a uno de los alojamientos habilitados por su organización. Dice que las vio muertas de miedo y que no le explicaron por qué. Aquellas mujeres, afirma, nunca se quejaban.

La juez Pilar de Lara ya ha tomado declaración a la concejal de Benestar Social de Lugo, la socialista Carmen Basadre, que pasó por el Juzgado de Instrucción número 1 hace un año. La edil es la responsable desde hace años de la Casa da Muller, de la que dependían los pisos secretos de acogida.