La UE y el FMI exigen a Portugal más ajustes por la ayuda de 80.000 millones

Portugal deberá afrontar un ajuste fiscal y un paquete de reformas mucho más severas que las presentadas por el primer ministro, José Sócrates, el pasado 11 de marzo para obtener la ayuda de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las medidas anunciadas entonces "serán el punto de partida" de las negociaciones entre la UE y las autoridades portuguesas, según señaló ayer el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, tras la reunión de los ministros de Economía en Hungría. El comisario indicó que la cuantía del fondo podría ser "aproximadamente de unos 80.000 millones de euros", de los que a España le corresponde avalar unos 5.000. El plan debe ser "más duro y más completo" que el rechazado por el Parlamento portugués, exigió el ministro finlandés Jyrki Katainen.

Salgado y Rehn aseguran que el portugués será el último rescate

El BCE presionó a la banca lusa para que no comprara más deuda pública

El programa de asistencia financiera, que empezará a negociarse inmediatamente entre Lisboa y la UE y el FMI, se basará en "una estricta condicionalidad" y se desarrollará en tres pilares: un ajuste fiscal para restaurar la sostenibilidad presupuestaria; un paquete de profundas reformas estructurales para impulsar el crecimiento y la competitividad, y medidas para mantener y solvencia del sistema financiero.

El mantra está perfectamente claro: el presidente del Banco Central Europeo, (BCE), Jean-Claude Trichet, subrayó que es "esencial" que Portugal ponga en marcha un "ambicioso ajuste fiscal" y un plan de "reformas estructurales" para "corregir los desequilibrios". Al igual que en Irlanda, el BCE ha jugado un papel determinante a la hora de convencer a las autoridades portuguesas para que solicitaran el rescate, al que Sócrates se resistió hasta el último momento. El BCE advirtió a los bancos portugueses de los riesgos en que incurrirían si seguían comprando deuda portuguesa, según ha reconocido la Asociación Portuguesa de Banca. El aviso de Francfort explica el cambio repentino de posición de las entidades financieras lusas del pasado lunes, cuando exigieron al Gobierno que pidiera inmediatamente la ayuda internacional porque ya no podían aumentar su exposición en los mercados de deuda nacionales.

Las reformas estructurales exigidas son del corte de las clásicas recetas liberales encaminadas a "eliminar las rigideces en los mercados laborales y de productos" para asegurar "un crecimiento equilibrado y reducir los desequilibrios interior y exterior", según la declaración de los ministros. El texto indica también el propósito de "asegurar la posición económica y social de los ciudadanos", a pesar de que en realidad las reformas prevén la congelación de las pensiones -excepto las mínimas- y la reducción de las deducciones fiscales a los gastos de salud y enseñanza.

Entre las reformas exigidas son especialmente relevantes las referidas al "ambicioso programa de privatizaciones", en la misma dirección que el plan exigido a Grecia. En el caso de Portugal, el programa podría incluir la privatización de Caixa Geral de Depósitos, la primera entidad financiera y de seguros del país, además de varias empresas públicas de energía, infraestructuras, ferrocarriles y aeropuertos.

El presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker, pidió a los partidos políticos portugueses que lleguen "cuanto antes" a un acuerdo sobre el programa de ajuste. La estrategia de la UE pasa por aprobar el programa en el Ecofín del 16 de mayo para que en los 10 días siguientes el Fondo Europeo de Estabilidad Financiero (FEEF) pueda recaudar el dinero necesario en los mercados para los primeros pagos. El programa se aplicará después de las elecciones portuguesas del 5 de junio.

Para la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, "lo importante es que no solo los mercados entiendan el mensaje político, sino también los grupos parlamentarios". Volviendo un poco la vista atrás, añadió que Portugal "está aquí fundamentalmente porque el plan de ajuste que había presentado el Gobierno fue rechazado por un Parlamento que sabía que [el rescate y los ajustes] iban a ser inevitables". Salgado recordó que "en mayo [de 2010] estuvimos en una situación difícil y la respuesta del principal grupo de la oposición no fue desde luego la adecuada".

La vicepresidenta española aseguró ayer que el de Portugal será "el último de los rescates de un país de la zona euro". Y precisó que la economía española es "más grande y tiene más futuro que la de Portugal", tras añadir que la contribución que le corresponde a España es de unos 5.000 millones en garantías, que no precisarán emisiones de deuda.

Klaus Regling, máximo ejecutivo del FEEF, manifestó que "la opinión predominante de los mercados es que este paso protege a las tres economía más débiles de la eurozona y evita el riesgo de contagio". Rehn también se mostró convencido de que España no precisará ayuda.