Un juzgado de Vigo decidirá si Gayoso debe dejar la caja por edad
UGT impugnó la última asamblea de Caixanova y amplió la denuncia a NCG
Julio Fernández Gayoso, presidente de Novacaixagalicia, acudió ayer al juzgado de Instrucción número 8 de Vigo para asistir a la vista por una demanda presentada por UGT. El sindicato denunció el año pasado que en la última asamblea general celebrada en Caixanova, el 18 de octubre, se realizaron cuatro nombramientos de personas que sobrepasaban la edad de 70 años, "por lo que incumplen la ley estatal y autonómica vigentes", asegura la central.
La central anunció después una ampliación de la demanda con una relación de 29 nombres (18 por parte de Caixanova y 11 de Caixa Galicia), de vocales que incumplirían este requisito en la entidad fusionada, incluidos los presidentes y varios vicepresidentes. Con la comprobación de ayer, la juez decidirá primero si aplica o no las medidas cautelares que solicitaron sobre la asamblea de Caixanova -el cese inmediato de todas las personas que superen los 70 años-, lo que, según UGT, tendría efecto inmediato en el resto de componentes de Novacaixagalicia. Paralelamente, el juzgado debe señalar la fecha del juicio en el que se dirima el fondo de la cuestión, si hay o no contradicción entre lo que dice la Ley de Órganos Rectores de las Cajas (Lorca) y lo que ocurre en la actualidad.
La entidad cree que la ley garantiza la continuidad del actual consejo
El presidente de NCG llegó a los juzgados por un acceso interior
La duda parte de una modificación aprobada el 14 de septiembre pasado de la Lei de Caixas. Gracias al respaldo del PP y del PSdeG, el Parlamento dio luz verde a una disposición para que los miembros de las asambleas de Caixanova y Caixa Galicia ocupasen puestos en la caja fusionada durante tres años (los establecidos en la transición), siempre que la fusión se consumase antes del 1 de diciembre. En la práctica, equivalía a garantizar la continuidad de los miembros que ocupan sillones en la asamblea sin cumplir en algunos casos los requisitos que marca la propia Lei de Caixas y la Lorca -como los consabidos de la edad o imposibilidad de ocupar cargos por mandato representativo-. Salvador Fernández Moreda, presidente de la Diputación de A Coruña, o Mar Barcón, diputada en el parlamento del PSOE, estarían entre estos últimos. Fuentes próximas a la caja creen que la modificación de la ley "blinda el actual consejo", contra cualquier cambio para los próximos 36 meses, pese a lo que esgrime UGT en su demanda.
Gayoso llegó a la sala de los juzgados de Vigo por un acceso interior, el mismo que utilizó para abandonar las dependencias sin hacer declaraciones. Lo único que la juez le solicitó fue la acreditación de su edad (cumple este año 80), al igual que a Ramón Álvarez-Novoa, otro miembro del consejo que pasó por los juzgados. No asistieron, alegando causas médicas, los vicepresidentes segundo y tercero de NCG, Guillermo Alonso Jáudenes (73 años) y Alfonso Zulueta de Haz (88).
La denuncia también se detiene en otras supuestas irregularidades, como que varios miembros del consejo de Caixanova, que después pasaron a NCG, entraron en la última asamblea en representación de los clientes cubriendo vacantes. "Nos consta que no eran suplentes por ese estamento, por lo que entendemos que el citado nombramiento no se ajusta a la legalidad", argumenta el sindicato.
Demandas al margen, la caja tiene por delante otras designaciones importantes que no dependen de ninguna ley. Deberá anunciar la composición del consejo de administración del banco que está a punto de crear en función del porcentaje de acciones que detente. Fuentes internas dan por segura la presencia del director y director adjunto -José Luis Pego y Javier García de Paredes-, al igual que los dos copresidentes, Julio Fernández Gayoso y Mauro Varela. Mientras, las tensiones siguen aflorando. La última, a cuenta de una operación que la comisión de inversiones denegó por su alto riesgo sobre un préstamo de 40 millones para una inversión en Perú.
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