Costas exige a Fertiberia el aval de 22 millones para la restauración de las balsas

El director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Pedro Antonio Ríos, conminó ayer a la empresa Fertiberia a que deposite el aval de 21,9 millones de euros al que obliga la sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de junio de 2007. En este fallo, que fijó el fin de los vertidos de fosfoyesos en la marisma del Tinto, se considera caducada la concesión que se otorgó a la empresa para realizar estos vertidos.

El aval tiene como cometido garantizar que la empresa cumpla con la ejecución de la recuperación de las balsas de residuos.

Pedro Antonio Ríos detalló ayer que el pasado 1 de abril firmó la resolución dirigida a Fertiberia requiriéndole la entrega de ese aval, que aún "no ha puesto sobre la mesa" y instándole a que en el plazo de tres meses presente ante las administraciones autonómica y central el proyecto de restauración de las balsas de fosfoyesos. Ríos precisó que la empresa debe ahora reelaborar el proyecto de recuperación de la zona degradada atendiendo las indicaciones del estudio presentado por Tragsatec y las recomendaciones del comité de científicos que se formó para estudiar la reparación ambiental de la zona.

El director general precisó que "el tratamiento sobre el terreno debe producirse con unas evaluaciones de la dinámica geomorfológica de la zona" y que "la solución definitiva debe tratarse con la impermeabilización de la superficie y con la depuración de todo elemento contaminante que fundamentalmente está en el agua embalsada en las dos balsas" en las que el ministerio tiene "competencia". Las otras dos balsas son competencia de la Junta de Andalucía.

Pedro Antonio Ríos recordó ayer que la sentencia de la Audiencia Nacional es firme y de ahí el plazo establecido para que la empresa acometa en ese tiempo los requerimientos establecidos. El pasado 22 de febrero el Tribunal Supremo ratificó el fallo de la Audiencia Nacional. Fertiberia cesó los vertidos de fosfoyesos en diciembre de 2010, dos años antes de lo previsto para cumplir con la resolución judicial.