El PP pretende investigar a UU AA en la Cámara tras fracasar en la Xunta

El PP pretende implicar al último poder que faltaba en la investigación a Unións Agrarias. Tras presentar denuncias en el juzgado de Corcubión y la fiscalía de Santiago por los mismos hechos, después de involucrar a tres Consellerías en una fiscalización inaudita de las ayudas percibidas por el sindicato -que fueron concedidas a otras 800 asociaciones-, ahora pretende que el Legislativo abra una comisión de investigación sobre las denuncias que lanzaron su secretario general, Alfonso Rueda y su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, quienes llegaron a acusar al PSOE de financiarse ilegalmente a través de asociaciones agrarias.

Los populares registraron ayer mismo la petición en la Cámara, si bien decidieron no incluirla en el orden del día del próximo pleno parlamentario que los tres partidos pactaron en la Junta de portavoces. Según defendió Pedro Puy, debutante al frente del PP en el hemiciclo, el registro urgente de la solicitud de comisión de investigación persigue pactar los términos de la misma con el PSOE, que hace dos meses también amenazó con recurrir a esta fórmula pero para denunciar el "abuso de poder" que atribuye a la Xunta en su fiscalización del sindicato. Los socialistas mantienen en el aire su iniciativa a la espera de que el Gobierno les envíe la documentación que le han reclamado.

El PSdeG insiste en que se trata de un caso de "persecución ideológica"

A diferencia de lo que pretenden los socialistas -dirimir el presunto abuso de poder de la Xunta en las inspecciones a Unións Agrarias que sentaron como imputados ante el juez a dos directores generales de la Xunta- el PP trata de ampliar la causa general contra el sindicato, esta vez en el Parlamento, con el pretexto de fiscalizar el uso que hicieron de las subvenciones del plan de cooperación 13 entidades concretas de las 800 que percibieron fondos. Las mismas que denunciaron Rueda y Miranda.

La amenaza del PP llega después de que EL PAÍS publicase que el director general de Promoción de Emprego, Andrés Hermida Trastoy, admitiese a la juez que no investigó el desvío de dinero denunciado por los populares en las ayudas al sindicato porque tal distracción de fondos resulta imposible al tratarse de subvenciones finalistas para emplear a parados, cuyos contratos se acreditaron ante la Consellería. El director general que coordinó la investigación ni siquiera supo aclarar a la juez qué irregularidades llevaron a su departamento a pedir ayuda a Presidencia y que por primera vez inspeccionase esas entidades.En el escrito enviado a la Mesa del Parlamento, el PP justifica la urgencia de la petición que hizo ayer por la mañana sobre la comisión de investigación con el siguiente argumento: "La urgencia viene motivada por la necesidad de un esclarecimiento total de la cuestión lo antes posible". Y llega nueve meses después de que tres consellerías del Gobierno gallego empezasen a investigar cada una de las 13 asociaciones para dar cobertura a la imputación de graves delitos que formuló la cúpula del PP contra Unións Agrarias (UU AA) y el PSOE. Delitos que, según se deduce de la declaración de los dos directores generales de la Xunta ante el juez, no se han logrado probar.

En la exposición de motivos de la solicitud de comisión de investigación, los populares aluden a "numerosas irregularidades" que, según expuso el director general de Promoción de Emprego, Andrés Hermida Trastoy, en el juzgado, no lo son. Cita expresamente que "algunos trabajadores empleados por las asociaciones no desempeñaban el puesto de trabajo en la localidad recogida en la memoria, la carencia de sedes o locales de trabajo por parte de las asociaciones y la recontratación masiva de los mismos trabajadores".

La orden de Traballo que regulaba las ayudas del Plan de Cooperación al que se acogieron 800 entidades entre sindicatos, patronal, ONG, ayuntamientos y diputaciones, no exigía que las entidades subvencionadas tuviesen oficina propia, y permitía recontratar a trabajadores, siempre que entre uno y otro empleo hubiera seis meses de diferencia. En el escrito que remite al Parlamento, el PP olvida ya las graves acusaciones vertidas por su secretario general, Alfonso Rueda, y su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, quienes afirmaron tener "pruebas documentales" de que el PSOE había "sacado por la puerta de atrás de la Xunta 645.000 euros para campañas electorales".

Al igual que hace Rueda desde que UU AA denunció a la Xunta y tuvo que comparecer como imputado ante el juez su director general de Avaliación e Reforma Administrativa por coordinar las inspecciones, tampoco Pedro Puy, portavoz del grupo parlamentario que pidió la comisión de investigación, se atrevió ayer a respaldar las severas denuncias de Rueda y Miranda. Puy apeló a la separación de poderes y aludió para justificar la iniciativa al caso de una empleada por UU AA que el alcalde de Muxía, Félix Porto, envío presuntamente a hacer campaña electoral a Argentina en 2008 cuando el regidor era dirigente del sindicato. Ese episodio lo dirime el juzgado de Corcubión, que mantiene imputado a Porto por este caso y ya lo estudió una comisión de investigación parlamentaria en la legislatura pasada. Los socialistas anunciaron una batería de medidas parlamentarias para "denunciar el abuso de poder y la persecución ideológica de la Xunta".