EL TESTIMONIO JUDICIAL DE LOS NEGOCIADORES DEL GOBIERNO CON ETA

"Los etarras llegaron irritados diciendo que les trataban peor que antes de la tregua"

Los enviados del Ejecutivo aseguran que la banda les mostró listas de detenidos

Frente a la tesis del PP de rendición del Estado ante ETA en el proceso del final dialogado del terrorismo de 2006 y parte de 2007 entre el Gobierno y la banda terrorista, los testimonios, tanto de los negociadores en nombre del Ejecutivo ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, como los de ETA recogidos en su asamblea de 2008, lo desmienten.

De unos y otros testimonios se desprende que el Gobierno mantuvo la presión policial sobre ETA y que los negociadores del Ejecutivo no traspasaron los límites de la Constitución en sus conversaciones con los jefes etarras.

Entre febrero y marzo de este año comparecieron ante el juez Pablo Ruz los tres representantes del Gobierno en la negociación con ETA: Jesús Eguiguren, presidente del Partido Socialista de Euskadi (PSE); Manuel Gómez Benítez (vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE) y el exministro Javier Moscoso.

"Les dijimos que los políticos no podían detener actuaciones del juez"
"El ministro nos dijo que las reuniones fueran cortas"
"ETA presentó una lista de 58 detenidos entre marzo y septiembre"
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"Había enfado porque entendían que no se rebajó la lucha contra ellos"
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En su declaración ante el juez, los tres coincidieron en que el Gobierno ordenó para los encuentros con los interlocutores de ETA -Josu Ternera, que encabezó en una primera etapa la delegación de la banda y posteriormente fue sustituido por Javier López Peña, Thierry- no traspasar los límites del Estado de derecho.

En la asamblea celebrada por ETA en 2008, sus dirigentes también sacaron idéntica conclusión de las intenciones reales del Gobierno en las conversaciones que se mantuvieron desde junio de 2006 hasta mayo de 2007, cuando la organización terrorista declaró roto el alto el fuego permanente.

Así, los textos de la asamblea de ETA señalan que "el Gobierno español ha querido cumplir unos objetivos principales, debilitar lo más posible la lucha de la izquierda independentista y extender la creencia de la necesidad de llevar a cabo un proceso dentro de los límites de la Constitución".

Asimismo señalan las conclusiones de la asamblea de ETA de un año después de romper la tregua que "el Gobierno español no quería empeñarse con ánimo sincero en un auténtico proceso negociador sino que su verdadera intención no era otra que buscar nuestro fracaso".

Por su parte, los representantes del Gobierno desgranaron las siguientes explicaciones ante el juez Ruz:

- Nada que hacer contra las detenciones judiciales. "Nuestro papel era demostrar que los políticos no podían detener las actuaciones judiciales, que se trataba de demostrarles (a los de ETA) que el Estado de derecho actúa y que durante gran parte de la reunión se trató de dejarles claro que el Estado de derecho iba a seguir funcionando también por experiencias de treguas anteriores".

- ETA se queja de la represión. Pero lo que hay, sobre todo, son numerosos testimonios en los que los representantes de ETA protestan ante los interlocutores del Gobierno por el mantenimiento de la represión policial durante las negociaciones.

De hecho, los interlocutores del Ejecutivo han llegado a manifestar que el proceso propiamente negociador, "la negociación de paz por presos, nunca llegó a arrancar porque las reuniones con ETA se limitaron a recoger las protestas de la banda terrorista por la actuación del Gobierno".

Así, los representantes del Gabinete señalan ante el juez Pablo Ruz que (los de ETA) llegaron a una de las reuniones "muy irritados". "Decían que se les estaba tratando peor que antes de la tregua por la prohibición de actos políticos, porque había más controles que nunca, con 48 detenciones más 13 del día anterior contra el aparato de extorsión y quejándose de una presión del Gobierno mayor que antes de la tregua".

- Lista con 58 detenidos en seis meses como reproche al Gobierno. En otro momento de la declaración, señalan los interlocutores del Gobierno al juez Ruz que "los representantes de ETA presentaron una lista de 58 detenidos, con nombres y apellidos, desde marzo de 2006 a septiembre de ese mismo año" y, en definitiva, que "el enfado de ETA procedía de que en ningún momento se había rebajado la lucha contra ellos".

En los documentos incautados por las Fuerzas de Seguridad del Estado a ETA sobre las conclusiones de su asamblea de 2008, los dirigentes de la banda admiten: "Menospreciamos las enérgicas y violentas represiones del enemigo así como el efecto que ellas tuvieron en la organización y en la militancia abertzale". También constata esa asamblea que "antes de empezar el proceso, como mientras duró, el Gobierno siempre le decía a la opinión pública española que el único objetivo del proceso era conseguir la desaparición de ETA sin ningún tipo de concesión política".

- El Estado incumple sus compromisos. Los interlocutores del Ejecutivo sostienen que los etarras manifestaron en las reuniones "enfado porque entendían que en ningún momento se había rebajado la lucha contra ETA", y que las conversaciones fueron "tensas y desordenadas porque los etarras se quejaban constantemente de los controles, las detenciones y demás actuaciones policiales". "La organización terrorista", según uno de los enviados del Gobierno, "nos reprochó que se habían dicho unas cosas y el Estado no las estaba cumpliendo, que se habían intensificado las detenciones".

- "No podemos parar la actuación judicial". Los interlocutores del Gobierno expresaron al juez Ruz que en sus conversaciones con ETA intentaron demostrar a los terroristas "que los políticos no podían detener las actuaciones judiciales". "El ministro nos dijo que las reuniones debían ser cortas y que fuéramos a escuchar", cuenta uno de los negociadores. "En las reuniones éramos conscientes de que la represión contra ETA era cada vez más fuerte".

Respecto a las detenciones por parte de la policía, en un momento dado los negociadores llegaron a decirle a ETA que el Gobierno "no tenía ninguna responsabilidad en esas detenciones, que marcaban los jueces, ni podía interferir de ninguna manera y que no existían compromisos de parar".

El presidente del PSE, Jesús Eguiguren, en una conferencia ayer en Bilbao.
El presidente del PSE, Jesús Eguiguren, en una conferencia ayer en Bilbao.LUIS TEJIDO (EFE)

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