La justicia da un espaldarazo a la investigación periodística
Los imputados por el espionaje sostenían que EL PAÍS, periódico que destapó el escándalo, debía revelar sus fuentes para comprobar si eran veraces. El tribunal considera que el trabajo periodístico está probado y defiende el derecho del periodista a no revelar la fuente: "Su testimonio ha servido como notitia criminis, que se ha visto refrendado por la profusión de diligencias que han ido confirmando la credibilidad de su testimonio. El derecho al secreto de sus fuentes es un derecho constitucional necesario al derecho de información y al derecho de la opinión pública a tener una información veraz. Es una garantía de la democracia".
El auto de la Audiencia Provincial de Madrid ve suficientemente identificado al autor de las notas manuscritas de los partes del espionaje, José Manuel Pinto, un empleado de la Consejería de Interior: "Los indicios existentes contra Pinto son contundentes, existe una pericial caligráfica, que le considera autor de las anotaciones manuscritas que aparecen sobre algunos de los partes de seguimiento. (...) La prueba pericial del gabinete de la policía es indicio suficiente". EL PAÍS, previamente, también identificó a Pinto como autor de tales notas mediante dos periciales caligráficas que contrató.
La Audiencia Provincial también confirma los indicios de culpabilidad del jefe de los espías, Sergio Gamón, exmáximo responsable de seguridad. La presidenta Esperanza Aguirre lo destituyó mucho después de su imputación en el caso porque la exmujer de Gamón relató a EL PAÍS cómo su exmarido, en contacto directo con el vicepresidente autonómico, Ignacio González, dirigía el equipo de espionaje.
La juez nunca llegó a citar a la exesposa de Gamón, en contra de lo que le pidió el PSOE. Archivó la causa sin oírla. La mujer fue durante años secretaria de confianza de dirigentes del PP, también de Aguirre. Fue despedida de Telemadrid tras denunciar el espionaje de su marido.
