La juez y la parte

¿Se ha pasado cuatro pueblos la juez Mercedes Alaya o cumple meticulosamente con su papel en la instrucción de los ERE?

¿Debe la Junta remitir todo el material que solicite la juez o ejerce su derecho al proteger el carácter reservado y secreto de los acuerdos y las deliberaciones del Consejo de Gobierno?

Esos interrogantes amenazan con una tormenta judicial tras la petición a la Junta, por parte de la titular del juzgado de Instrucción numero 6 de Sevilla, de las actas de todos los Consejos de Gobierno celebrados en los últimos 10 años. En total, 480. Además de las actas de los 300 consejos de dirección de cuatro consejerías.

El enfrentamiento entre la juez y la parte más afectada, el Gobierno andaluz, estaba casi cantado después de que el día 21 Alaya denunciara en un auto "falta de colaboración de la Junta". También considera que la documentación remitida a su juzgado hasta ese día, más de 25.000 folios, era a "todas luces incompleta e insuficiente".

En ese primer envío, la Junta informaba a la juez que en los 68 ERE vivos, es decir, los que aún se están pagando, se habían encontrado 72 intrusos, personas que cobraban una pensión sin haber trabajado en la empresa afectada.

Hasta ese día, la impresión generalizada era que el Ejecutivo de José Griñán estaba colaborando estrechamente con la juez. La Junta había denunciado el caso hace dos años y ahora entregaba los resultados de una investigación interna señalando las irregularidades detectadas.

Por ello, ese auto acusándola de falta de colaboración, sentó como un tiro. En el seno del Gobierno y del partido socialista había quienes mostraban su disconformidad con el modelo elegido: entregar a la juez más documentación incluso de la solicitada.

Pero Griñán y los consejeros Mar Moreno (Presidencia) y Manuel Recio (Empleo) habían optado, "desde el minuto uno", por la transparencia y la colaboración. Es más, se creó una comisión de apoyo, integrada por veinte personas, para agilizar las peticiones la juez.

Para muchos, era una sabia decisión. Frente a la política del PP de acusar a periodistas, policías, fiscales y jueces cuando es investigado por corrupción, los socialistas abrían sus archivos, ponían a investigar a sus funcionarios, encontraban irregularidades y las trasladaban al juzgado.

La doctrina del Gobierno era: "Compartimos el mismo objetivo" con la juez y "ni comentamos ni cuestionamos sus decisiones". Aunque fueran tan injustas como acusarlo de falta de colaboración.

Hasta que la juez Alaya pidió nada menos que las 480 actas de los consejos de Gobierno celebrados desde 2001 a 2010. Es decir, la juez pretende revisar toda la labor del Ejecutivo durante una década. Lo que se parece mucho a una causa general.

La petición es inédita en España. Hasta ahora, ningún juez había demandado a ningún gobierno, nacional o autonómico, todas las actas de sus reuniones en un periodo tan dilatado de tiempo.

El Gobierno, en su reunión del martes, decidió rechazar y recurrir esa petición. Las razones dadas por Moreno es que van más allá de lo razonable, es indiscriminada y no está motivada jurídicamente. Además, el Gobierno violaría la ley que regula su propio funcionamiento, según la cual los documentos presentados en Consejo son reservados y las deliberaciones, secretas.

La Junta ofrece a la juez las actas referidas a la materia investigada. Si no hay acuerdo, deberá resolver el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales. Es allí donde se ventilan los desacuerdos entre distintos poderes del Estado.

¿Hacia qué lado se inclinara la balanza? Habrá que esperar. Pero, desde luego, queda claro que el Gobierno ha colaborado y que desea tanto como la juez llegar hasta el final. Caiga quien caiga.