El juez cita a seis policías a los que denunció un jefe

El juez Antonio Navas, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, ha citado a seis agentes de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía para declarar por una querella interpuesta por un inspector de la Costa del Sol. El denunciante es un exmando del grupo antimafia que fue detenido en marzo de 2008 por supuestas irregularidades en registros y cuyas imputaciones quedaron finalmente archivadas. El mando acusa ahora a estos agentes de seis presuntos delitos: acusación y denuncia falsa, detención ilegal, tortura, falsedad documental, contra los derechos individuales y contra la inviolabilidad del domicilio.

Entre los querellados está el comisario Carlos Germán, que en el momento de ocurrir los hechos, en marzo de 2008, era jefe de brigada de Asuntos Internos. El pasado 16 de marzo, el propio Germán remitió al juez un escrito en el que le informaba del papel que tuvo cada agente de Asuntos Internos en el caso que ha motivado la querella, entre ellos él mismo. En el texto asegura que no participó en la instrucción, ni estuvo presente durante las detenciones.

El juez archivó un caso por registros irregulares al ahora denunciante

Dos días después el juez Navas suspendió su citación y la de otro inspector jefe al que Germán también exculpa. El comisario Germán está salpicado por el caso del supuesto chivatazo a ETA en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa).

En la operación en la que fue detenido el querellante resultaron implicados otros tres mandos antimafia. Dos de ellos irán finalmente a juicio. La investigación, realizada por el grupo X de la Brigada de Asuntos Internos, ya ha sido cuestionada en otro procedimiento, sobreseído provisionalmente en el juzgado número 2 de Marbella.

El policía denunciante pasó 15 meses imputado y cinco suspendido de empleo y sueldo. Ahora trabaja haciendo tareas administrativas.

El agente, afiliado del Sindicato Profesional de Policía asegura fue detenido por la "tergiversación de unas conversaciones telefónicas" y porque en el acta del registro supuestamente irregular no aparecían anotados una serie de objetos intervenidos. Tras practicar diligencias, el juzgado descartó esos indicios criminales y archivó el caso.