Las insuficientes mejoras en la política eólica de Feijóo

La política eólica de la actual Xunta del PP supone "un paso adelante" con respecto a la mantenida por los Ejecutivos de Manuel Fraga, pero persiste en los errores que impidieron un mayor impacto social y económico en la comunidad. Las leves mejoras introducidas ya estaban recogidas en el decreto del bipartito, que el Gobierno de Núñez Feijóo echó abajo por ilegal y que ahora acaba de ser avalado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Así lo diagnostica Xavier Simón, profesor de Economía aplicada en la Universidade de Vigo y responsable de un exhaustivo estudio sobre el desarrollo de la energía eólica en Galicia desde 1995 hasta 2010. El trabajo resalta el gran desarrollo de la producción eólica durante esa época, pero contiene críticas de fondo por el impacto ambiental; por la consagración de la "privatización del viento"; por el trato hacia los dueños de las tierras y por los evidentes incumplimientos de los planes industriales asociados.

Xavier Simón concede al canon un mero valor recaudatorio

La situación actual no difiere sustancialmente, aunque Simón sí detecta algunos avances. Considera positivo que se impida la instalación de parques en Red Natura. Sin embargo, censura que se permita la repotenciación de los parques que ya están enclavados en estos espacios protegidos, como en el caso de la Serra do Xistral.

Señala que el tamaño de los nuevos molinos, capaces de producir más potencia, es bastante mayor, tanto en su fuste con en las aspas. Pueden alcanzar entre los 120 y 130 metros de altura, hasta tres veces más que los de más antigüedad, por lo que duda que vayan a tener un menor impacto paisajístico. En esta línea, alerta de que en el reciente concurso se han adjudicado parques en zonas que no son Red Natura pero en las que ahora no hay ningún parque instalado, como en Lestrove -al pie de la Lanzada- o en la Serra do Galiñeiro en Vigo.

Simón cuestiona la validez del canon impuesto por la Xunta para la salvaguarda medioambiental, y le concede un mero valor recaudatorio. Este gravamen se aplica a los parques de más de cinco molinos, de modo que implícitamente se considera que los más pequeños no generan afección al paisaje, cuando en realidad sí lo hacen, a juicio del profesor. Con todo, valora la implantación de este canon, por la aportación que supone para las arcas públicas. Así, opina que "atenúa" la "privatización del viento" practicada en la época Fraga, que confió la instalación de más de 3.000 megavatios a la iniciativa privada en exclusiva. "Hubiera sido posible alcanzar la misma potencia con mayor participación pública", puntualiza, y expone el ejemplo de Canarias, en la que los ayuntamientos donde se instalan los parques reciben un 9% de la producción, un modelo próximo al que había propuesto el Gobierno bipartito, y que juzga "muy positivo" para las entidades locales. "Recaudar 23 millones es mejor que cero, pero no es el 9% ni el 2,5%" de los beneficios que obtienen las eólicas, reflexiona.