El enredo cameral irrumpe en la CEOE

Primera patata caliente para Juan Rosell como presidente de la patronal CEOE. De un tiempo a esta parte ha corrido de pupitre en pupitre en el seno de la organización el dictamen emitido por el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo sobre el contenido y alcance de la modificación de la Ley de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, que entró en vigor el 1 de enero de este año. El dictamen recorre el contenido de la ley que todos los empresarios conocen y que, básicamente, se resume en la supresión de "la adscripción forzosa y el pago obligatorio de cuotas".

Pero el dictamen, encargado por una empresa sevillana, ha saltado a Madrid y ha abierto la caja de los truenos. Según Pérez Royo, el alcance de la reforma va mucho más allá de eso, "ya que la supresión de adscripción y el pago obligatorio no supone simplemente eliminar una carga económica que recae sobre las empresas de manera directa". Según el catedrático, "ha provocado una revolución en el ordenamiento jurídico de las cámaras que conlleva una mutación en su naturaleza jurídica al dejar de ser corporaciones resultantes de una decisión legislativa para pasar a ser asociaciones resultantes del ejercicio del derecho fundamental de asociación". O, dicho de otra forma, del derecho a la libertad que acaba de un plumazo con la Ley de Bases de 1911.

La polémica se sirve sola, y además de a Rosell implica de forma muy directa a varios miembros de la cúpula patronal, empezando por Jesús Terciado, que, como presidente de Cepyme, representa a la mayor parte de los 2,5 millones de empresas que han pagado la cuota cameral y ahora empiezan a resistirse. Pero, sobre todo, repercute a dos hombres con condición bipolar: el vicepresidente primero, Arturo Fernández, que además es presidente de la Cámara de Madrid, y el vocal Severino García Vigón, presidente de la patronal asturiana y de la Cámara de Comercio de Oviedo. No son las únicas coincidencias, ya que se da en varios presidentes de organizaciones regionales, provinciales o locales e, incluso, se produce la circunstancia de que los hermanos Santiago y Juan Herrero presiden la patronal andaluza y la Cámara de Sevilla.

El asunto ha pasado ya varias fases de debate y la controversia, seguramente muy a pesar de Rosell, continúa. Por eso el presidente ha terciado con la constitución de un grupo de trabajo para buscar una solución cuya dirección ha encargado a García Vigón. El objetivo es que se repartan funciones entre la CEOE y las cámaras para que estas, cumpliendo la ley, puedan ejercer tareas como formación o internacionalización de la empresa, como ya venían haciendo, y ver las vías de financiación futura en el momento en que el pago deje de ser obligatorio. Y, entretanto, que los actuales órganos de gobierno de las cámaras mantengan sus funciones "mientras se articula una nueva solución con base en el nuevo principio de legitimidad democrática".

Precisamente, la situación se ha avivado con el envío de cartas por parte de las cámaras a las empresas solicitando la cuota anual, que se cobra de acuerdo con el impuesto de sociedades satisfecho dos años antes. En este caso, se fija sobre el ejercicio de 2009. Según las cámaras, este año estarían obligadas a pagarlo todas; en 2012, las empresas que tengan más de 10 millones de beneficios, y en 2013 se acabaría la obligación. Ahí está un punto polémico, porque gran parte de las empresas ya han decidido unilateralmente alejarse del pago cameral.

Por eso, urge un acuerdo con las patronales que el Consejo Superior de Cámaras, que preside Javier Gómez-Navarro, busca desde que se conoció el alcance de la ley. Y mientras Pérez Royo sostiene que las cámaras ya no tienen existencia jurídica, el Consejo cuenta con dictámenes de la Abogacía del Estado, de la Dirección General de Comercio y del Ministerio de Economía que no ponen en duda que las cámaras son corporaciones de derecho público.

En cualquier caso, ahora las cámaras entran en un mundo nuevo. Estarán integradas por aquellas personas físicas o jurídicas que quieran ser miembros de las mismas voluntariamente y serán esas personas las que decidan su representación y la cuota que deben pagar.