(In)estabilidad europea

A comienzos del siglo XXI, la Comisión Europea se había conjurado para poder conseguir en 2010 una sociedad basada en el conocimiento, más competitiva y que, además, fuera la más dinámica del mundo. Eso fue lo acordado en la denominada Agenda de Lisboa. Pasó una década y de aquellos pronunciamientos y promesas solo queda el recuerdo. Los resultados son otros: la vieja Europa es la rezagada en el crecimiento económico mundial. Mientras que la UE creció un 14% en los últimos 10 años, EE UU avanzó el 18%; Latino-América, el 39%; Oriente Medio, el 60%; Rusia, el 59%; Singapur, Corea del Sur, Indonesia y Taiwán, el 52%, África el 63%; India, el 104%; y China, el 171%.

Europa buscaba la combinación áurea que le permitiese combinar mayor cohesión social con mayor protección ambiental. Y claro está, sin políticas, instrumentos y personas lo suficientemente creíbles y capaces, la metas diseñadas son difíciles de abordar y de cumplir.

Hay que sancionar a las agencias de control cuando se equivocan y gravar a los especuladores

Europa siempre se ha caracterizado por el diseño de políticas de amplio alcance. Pero, también, de difícil cumplimiento. Fue en 1995 cuando se pergeñó el Plan de Estabilidad y Crecimiento. En aquel momento había que limitar los déficits fiscales (al 3% del PIB) para poder asegurar una disciplina en lo tocante a la deuda. Lo que se buscaba era rigor y poder evitar efectos contagio. En suma, se trataba de diseñar políticas económicas que impidieran a un país ser objeto de rescate. Sin embargo, los primeros países que incumplieron tales metas fueron los grandes y los que daban nombre a los tratados fundacionales de Europa.

Sin embargo, la lección extraída de esos incumplimientos no fue bien aprendida. Los déficits por encima del 3% del PIB eran claras violaciones del Pacto, como afirmaban los especialistas, y el Ecofin (el consejo europeo de ministros de finanzas) tenía que haber impuesto sanciones a los transgresores. Por aquel momento, dos países, Irlanda y Grecia, fueron rescatados por el resto de la UE, a pesar de que se estipulaba (según el articulo 125 del Tratado consolidado de la UE) que ningún Estado miembro tendría que responder por la deuda de otro (garantía que exigió, en su día, Alemania). Esta teoría se abolió en mayo de 2010 para dar paso a la situación actual.

Varias lecciones extraemos de aquella situación. La primera, que la falta de rigor en la aplicación del Plan de Estabilidad y Crecimiento fue notable. Quizás, en algún momento, los datos oficiales no llegaron a ser muy reales y de ahí las sorpresas con las que algún país nos obsequió a lo largo de este último bienio (recuérdense los datos griegos). En segundo término, ello ha obligado a enmendar el tratado de la UE y poner en marcha un Mecanismo Europeo de Estabilidad y poder convertirlo en institución permanente al objeto de rescatar a los países en situación delicada.

Estas dos circunstancias hacen que en Europa puedan convivir/cohabitar varios órganos encargados de la supervivencia de las finanzas y del control de las instituciones. Así, de una parte, el Banco Central Europeo ha perdido cierto poder, aunque ha aumentado su participación y capacidad de intervención en situaciones de emergencia. Y de otra, la UE, a través de los mecanismos de estabilización, puede supervisar a los países a corto plazo y ayudarles a tolerar mejor los ataques especulativos que sufren.

Quedan en el tintero varias cuestiones de interés. ¿Cómo controlar los ataques contra los bonos gubernamentales que amenazan con una desestabilización a largo plazo? ¿cómo limitar los efectos de la interacción bancaria? ¿cómo controlar los efectos contagio y las cadenas de insolvencias gubernamentales?. Reaccionar contra ello es posible pero no cabe duda de que se deben reducir las situaciones de incertidumbre y no podemos situar el riesgo en situación límite.

Son precisas, por tanto, acciones políticas pero que estén respaldadas por conocimientos económicos. No se puede avanzar en proclamas voluntaristas, si antes no se es capaz de controlar los desfases y se posea capacidad sancionadora para los casos de incumplimiento. Las instituciones deben aumentar sus controles, sus capacidades de regulación y sus niveles sancionadores. ¿Cómo hacerlo? De entrada, calificando a las agencias de control. Por ejemplo, si se equivocan y con ello arrastran a países y empresas a situaciones límite, ¿no deberían ser sancionadas?. En segundo lugar, gravando los movimientos especulativos y supervisando las inversiones en economías no productivas. En tercer término, redefiniendo las prácticas de ingeniería financiera. En cuarto lugar, acotando las prácticas de los mercados de futuros, especialmente los de materias primas y energéticos.

Hay mucho camino por hacer. Pero, como dijo Albert Einstein, "los pueblos tendrán el destino que se hayan merecido".