"Jueces y juristas de todo el mundo apoyan la iniciativa"
Llevaban seis meses preparando esta demanda en La Haya. El juez Baltasar Garzón y su abogada en Estrasburgo, Helen Duffy, se conocieron durante el caso Pinochet. Duffy, directora jurídica de la organización internacional Interights, también representa en Estrasburgo a la familia de un político checheno asesinado. Ayer explicó a EL PAÍS los argumentos de la demanda que Garzón ha interpuesto contra el Supremo por procesarle por la causa del franquismo.
Según la propia normativa del tribunal, antes de llevar un caso a Estrasburgo es necesario haber agotado todas las posibilidades en España, es decir, haber acudido al Tribunal Constitucional, y después esperar seis meses. Garzón no lo ha hecho. "No ha esperado una condena porque en este caso, la violación a su derecho a la independencia judicial es el proceso penal en sí. El 24 de septiembre, el abogado de Garzón recibió la notificación del Supremo que terminaba con la última posibilidad de paralizarlo. Garzón es víctima de un proceso penal injustificable y la única oportunidad de pararlo es Estrasburgo", añade Duffy. Habrá que ver si el tribunal también lo interpreta así. En ese caso, pediría explicaciones al Gobierno de España.
El juez ha presentado en Estrasburgo testimonios que el Supremo le impidió solicitar como pruebas de descargo. "Jueces y juristas de todo el mundo apoyan esta demanda: el juez argentino Raúl Zaffaroni, el chileno Juan Guzmán, el relator de la ONU contra las torturas, el ex relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial... Todos defienden que a los delitos de lesa humanidad, como los crímenes del franquismo que Garzón quiso investigar, no se les puede aplicar leyes de amnistía". Para Duffy no se trata solo de defender el derecho a la independencia judicial de Garzón, sino la de "los jueces españoles que por miedo a represalias podrían dejar de tomar las decisiones que han de tomar a la hora de atender a las víctimas".
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