Los fiscales antidroga piden juzgados especiales

El fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, José Ramón Noreña, dijo ayer que Galicia sigue siendo un centro neurálgico del narcotráfico y del blanqueo de dinero que exige la intervención de jueces y fiscales especializados para combatirlo.

Dada la complejidad de las investigaciones patrimoniales a narcotraficantes y la intervención de bienes, Noreña cree que la solución pasa por crear órganos jurisdiccionales penales especializados en delincuencia económica, tanto de instrucción como sentenciadores, así como la formación de equipos policiales específicos y de la Agencia Tributaria. "Lo que no puede ser es que un mismo juez de instrucción esté conociendo de robos, de hurtos, alguna violación o asesinatos y que, de repente, se encuentre con un proceso por blanqueo de 25 tomos", explicó el fiscal.

En su primera visita oficial a Galicia, que coincide con la reunión anual de fiscales antidroga en el Pazo de Mariñán (Bergondo), Noreña anunció mayor coordinación entre fiscalías para impulsar la venta anticipada de bienes a narcotraficantes. Unas medidas que no siempre encuentran una fácil y rápida respuesta de los jueces. "Hay que allanar el camino y evitar que el juez se convierta en un subastador", subrayó.

El protocolo

Estos procesos que seguirán un protocolo de actuaciones que garanticen la conservación de los bienes inmuebles embargados y la venta casi inmediata de barcos y vehículos por parte del Plan Nacional sobre Drogas. Mientras no haya sentencia firme acordando el decomiso de los bienes embargados preventivamente, el dinero se depositará en la cuenta de consignaciones del juzgado. En el supuesto de que el fallo fuera absolutorio, el Estado devolvería el importe de la venta anticipada. "Así no sale perdiendo nadie", explicó el fiscal.

Noreña se reunió ayer con la plana mayor de la fiscalía de la Audiencia de Pontevedra, equipos de la Policía y Guardia Civil contra el crimen organizado, investigadores de la Agencia Tributaria y asociaciones antidroga. La presidenta de Erguete, Carmen Avendaño, fue muy crítica con la última reforma del Código Penal que ha supuesto una reducción de las penas entre dos a cuatro años, tanto para los jefes de una organización como para los participes.