Una empresa del sector de las residencias revienta el convenio

A lo difícil que resulta la aplicación de la ley de Dependencia se ha unido hace unos meses un incidente que ha aumentado la tensión en el sector, sobre todo entre las empresas que gestionan residencias públicas. La empresa Clece, que gestiona centros de la tercera edad que la Consejería de Bienestar Social tiene en L'Alcudia de Crespins, Gandia, Montcada, Massamagrell, Valencia (Palau de Raga) y Torrent, incumple el convenio colectivo del sector desde diciembre. El documento, de febrero de 2008 y vigente hasta 2010, recogía un incremento salarial para los trabajadores de residencias de la tercera edad, centros de día, centros mujer 24 horas, centros de acogida o del servicio de ayuda a domicilio de un 6%, que debía aplicarse a partir del 1 de diciembre de 2010. Esta subida de sueldo no está siendo ejecutada por parte de Clece, según Consuelo Tébar, presidenta del comité de empresa de la residencia de Montcada por el sindicato UGT.

Clece se adjudicó la gestión de 6 centros gracias a las rebajas de ofertas

Los sindicatos han presentado un conflicto colectivo contra la firma

"Tenemos presentado un conflicto colectivo contra la empresa", sostiene Tébar, quien denuncia que la firma no se presentó al tribunal de arbitraje el mes pasado cuando estaba citada. Es una situación que afecta a "más de 400 trabajadores", apunta la delegada sindical, que tienen unos sueldos "muy ajustados" -un auxiliar de enfermería cobra 960 euros mensuales netos-. Y los perjudicados no son solo los empleados de las seis residencias de Clece en la provincia de Valencia, sino también aquellos que trabajan en las adjudicaciones que tiene esta empresa en servicios a ayuda a domicilio.

"De momento hemos hecho lo que nos marca la ley en este tipo de incumplimientos, que es acudir a la Magistratura de Trabajo, pero no descartamos tomar otro tipo de acciones si se prolonga la situación", añadió Tébar.

Clece, que no quiso hacer declaraciones a este diario, resultó adjudicataria de estos seis centros el año pasado gracias a las importantes rebajas que presentó en sus ofertas. En cinco de los seis concursos, esta empresa, que se dedica a la gestión de servicios sociales, medioambientales, de limpieza, mantenimiento y logística, presentó unas plicas con el mayor descenso que permite la ley respecto al presupuesto de licitación: un 8%. Estas rebajas han sido clave para la adjudicación de las residencias a esta empresa por parte de la Generalitat ya que hasta el 50% de la puntuación total que se concede para elegir los adjudicatarios corresponde a la propuesta económica.

Fuentes del sector sospechan que la empresa ya contemplaba el propósito de no aplicar el incremento salarial del 6% que establecía el convenio colectivo. Con esa ventaja, apuntan, se permitió el lujo de presentar unas ofertas extraordinariamente competitivas que les permitió conseguir las adjudicaciones e imponerse a sus competidores.

A pesar de que estas mismas fuentes apuntan a que el incumplimiento de las condiciones del convenio es motivo para que la Generalitat pueda rescindir el contrato, la Consejería de Bienestar Social no ha tomado cartas en el asunto de momento. "Estamos analizando la situación", sostienen.

La patronal del sector, Aerte, por boca de su responsable, Alberto Giménez, entiende que una empresa pueda ser denunciada por no cumplir el convenio: "Una vez aplicadas las tablas salariales por parte de la comisión paritaria, es de obligado cumplimiento, como pueden ser las jornadas de descanso".

Esta situación se produce en plena negociación del nuevo convenio de las residencias de gestión integral, que se ha de aplicar a partir de este año y que, según apunta la responsable sindical de UGT "está paralizada por las exigencias de la patronal". "La posición de partida de las empresas es de una rebaja salarial del 6%, dos años de congelación de sueldo y un recorte de ventajas sociales", censura Tébar. Aerte admite que será un proceso complejo.