Mar indagará "hasta el final" el fraude del mejillón chileno

La Consellería do Mar "llegará hasta el final" de la denuncia por fraude al consumidor que presentó el Consello Regulador del Mexillón de Galicia a comienzos de marzo. El organismo encargado de velar por la denominación de origen de este producto denunció a una empresa por presuntamente etiquetar mejillón procedente de Chile como gallego y advirtió de que había más empresas que estaban cometiendo esta práctica. Ante la denuncia, la Xunta está investigando y "recopilando información" y ha informado al Instituto Galego de Consumo al respecto. El Consello Regulador denunció a la empresa Conservera de Rianxo, SA, que comercializa productos de la marca Cortizo.

El responsable de Competitividade e Innovación Tecnolóxica de la consellería, Juan Carlos Maneiro, sin embargo, restó importancia, ayer en el Parlamento, al enlatado de mejillón chileno en Galicia. "Con 72 toneladas [de mejillón congelado] importadas el año pasado poca incidencia puede tener en la conserva gallega", aseguró, ya que la producción de este molusco en Galicia alcanzó las 225.000 toneladas en 2009. Maneiro admitió que el sector "no atraviesa por su mejor momento" aunque los últimos datos consolidados, los de 2009, muestran un repunte de la producción respecto a los anteriores. De las 180.000 toneladas de 2008 se pasó a 225.000 en 2009. Los precios medios del producto para fresco e industria el pasado año también subieron, indicó Maneiro.

La Xunta ha llevado al Instituto Galego de Consumo la denuncia del sector

Facenda calcula que la tasa sería de entre 3.000 y 8.000 euros cada 10 años

La competencia del mejillón chileno es, sobre todo, en conserva: ya en lata, exportó a España más de 10.500 toneladas el año pasado. Sin embargo, en 2006, solo comercializó 2.500 toneladas. Por ello, el diputado nacionalista Bieito Lobeira reclamó medidas para "defender la producción gallega frente a la foránea". En este punto, Maneiro recordó que "la relación comercial se rige por el libre mercado", por lo que la Xunta "continuará con la línea iniciada en 2009 en defensa de la denominación de origen". El director general achacó a la "atomización del sector" y a su "falta de organización" la escasez de abastecimiento que llega a provocar "parones en la producción". Los productores, reconoció Maneiro, pueden tardar en cobrar por los mejillones hasta más de un año.

A los bateeiros va precisamente dirigida una campaña de la Consellería de Facenda para luchar contra la economía sumergida y el fraude. El director general de Tributos, Carlos Rodríguez, explicó en la Cámara que se revisará lo que cada productor paga en concepto de impuesto sobre transmisiones patrimoniales para que los bateeiros abonen "el valor real de mercado de la concesión administrativa que disfrutan". Para Rodríguez no se puede admitir que el valor en el mercado de una concesión sea inferior a 10.000 euros porque, ejemplificó, en la misma ría hay declaraciones que superan los 200.000 euros y otras por debajo de los 600. Facenda realizará un "estudio en profundidad" para conocer la situación, pero estima que cada propietario debería pagar entre 3.000 y 8.000 euros.

Lobeira y Rodríguez coincidieron en que, ahora, los bateeiros pagan alrededor de 200 euros por este concepto. Para el diputado nacionalista, la medida supondrá "un incremento brutal" del impuesto y la achacó al "afán recaudatorio" de la Xunta con los bateeiros mientras "se niega a gravar las grandes fortunas especuladoras". Rodríguez rechazó que la subida sea "desproporcionada" y explicó que para una concesión de diez años por valor de 100.000 euros, el impuesto por la transmisión de la licencia administrativa es de 4.000 euros, lo que supone 400 euros al año.

La Consellería do Mar confirmó además que revisará los expedientes de solicitud de ayudas de las mariscadoras jubiladas uno a uno para considerar cada caso. El director general de Ordenación e Xestión de Recursos Mariños, Pablo Fernández Asensio, insistió en que es "radicalmente falso" que Mar vaya a eliminar estas ayudas para mariscadoras de más de 65 años que no haya completado el periodo mínimo de cotización. En cada caso, explicó, se verá por qué no se cotizaron todos los años. En lo que va de 2011, un total de 191 mujeres solicitaron las ayudas y de ellas solo 31 son expedientes nuevos. El plazo para pedirlas terminó el 20 de enero y la Consellería do Mar trabaja "con toda la diligencia" para resolverlas.