El Consell dice ahora que velará para que Calatrava cumpla

Paula Sánchez de León, portavoz del Consell, desautorizó ayer de un plumazo a Gerardo Camps y José Manuel Vela, vicepresidente económico y secretario autonómico de Economía y Hacienda, en torno al encargo a Santiago Calatrava de un Centro de Convenciones en Castellón. En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Sánchez de León aseguró: "Hemos cumplido el contrato. Velaremos porque se cumpla y se desarrolle con normalidad".

Como ha revelado la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol, la Generalitat pagó 2,7 millones de euros a Calatrava por los proyectos básicos de un Centro de Convenciones de Castellón, cuyo presupuesto orientativo inicial era de 60 millones de euros. El proyecto de Calatrava elevaba a 90 millones de euros el coste de solo uno de los tres edificios de los que constaba el complejo e incumplía las determinaciones del contrato, hecho que señaló la propia Sociedad Proyectos Temáticos cuando decidió pagarle los honorarios de todas maneras.

"Velaremos porque se cumpla el contrato", dice la portavoz

La Generalitat pagó al arquitecto pese a que se excedió en el proyecto básico

Tanto Gerardo Camps como José Manuel Vela asumieron en sede parlamentaria los sobrecostes de ese proyecto, como en todos los encargos al famoso arquitecto valenciano, cuyas condiciones contractuales se han ocultado sistemáticamente. "Quien ha tomado las decisiones ha sido don Santiago Calatrava", decía ya en 2005 el consejero de Economía ante el pleno de las Cortes para justificar los sobrecostes en sus proyectos. Gerardo Camps admitió el pasado mes de julio en las Cortes la modificación del proyecto inicial del Centro de Convenciones de Castellón, después de que la Sindicatura de Comptes desvelara que de los 60 millones de euros del anteproyecto presentado en 2008 se había pasado a 100 millones, es decir, un 80% más. Sánchez de León, sin embargo, sentenció ayer: "Velaremos porque se cumpla el contrato". Esta rectificación se produce tras el anuncio de Esquerra Unida, apoyada en documentos de los que la diputada Marina Albiol ha podido obtener copia, de que denunciará a la fiscalía ese y otros dos contratos por los que ha cobrado Calatrava pese a que están paralizados. Se trata de unos rascacielos junto a la Ciudad de las Artes y la dársena de Torrevieja.

El cumplimiento por el que ahora se compromete a velar el Consell contradice que se decidiera pagar 2,7 millones a Calatrava a pesar de que Javier de Diego, director técnico de la Sociedad Proyectos Temáticos, alertó por carta en noviembre de 2008 a Eusebio Monzó, entonces director general de la empresa pública, de que había negociado sin éxito con el estudio del arquitecto y el Ayuntamiento de Castellón para intentar que el proyecto básico del Centro de Convenciones respondiera "a unas dimensiones y usos ajustados al presupuesto aprobado de 60 millones de euros". Un informe de los técnicos de SPTCV sobre el proyecto de Calatrava en Castellón, también de noviembre de 2008, apuntaba que se multiplicaba por cuatro la superficie inicialmente prevista, que Calatrava pretendía ocupar una parcela de suelo no urbanizable que obligaba a modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Castellón; que el proyecto se estructuraba en tres fases, la primera de las cuales ascendía a 89,9 millones (sin IVA), cantidad muy superior al "presupuesto orientativo de licitación" para todo el complejo, fijado en 60 millones; y que se planteaban en el proyecto básico dos versiones, sin que hubieran sido solicitadas.

Pese a ello, la Sociedad Proyectos Temáticos pagó los honorarios a Calatrava como señal de su "voluntad de entendimiento", en una línea mantenida por el Consell con Calatrava, cuyos sobrecostes y contratos nunca han sido explicados pese a las reclamaciones de la oposición. El propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en respuesta al portavoz socialista, Ángel Luna, asumió llanamente las modificaciones planteadas por el arquitecto: "Les recuerdo que, cuando nosotros contratamos arquitectos, son ellos los que diseñan".

La portavoz del Consell también restó importancia ayer al acuerdo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que sean sus colegas de Valencia quienes decidan si los tres máximos jefes de la trama Gürtel deben ser juzgados junto al presidente de la Generalitat Francisco Camps, en relación con el regalo de los trajes que hizo la red corrupta al presidente valenciano y a otros altos cargos del PP de esa comunidad (Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos).

Sánchez de León aseguró no tener constancia oficial de tal acuerdo. "La realidad es que esa decisión la conozco a través de un medio de comunicación", dijo en alusión a EL PAÍS. "No tengo constancia de que exista un auto al respecto pero no puedo sino respetar una decisión judicial. Estamos ante el pronunciamiento de un tribunal que debe ser ratificado por otro", en este caso, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.