Imputado un exconsejero andaluz por malversación en el caso de los ERE

La juez Mercedes Alaya ha imputado al exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández por los supuestos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso de los ERE, los expedientes de regulación de empleo en Andalucía subvencionados con ayudas públicas y que incluyeron a personas que nunca trabajaron para las empresas beneficiadas. La Junta de Andalucía ha identificado hasta ahora a 146 intrusos.

La investigación judicial da un tremendo salto cualitativo al salpicar de lleno a Fernández, un histórico socialista, que fue responsable de Empleo entre 2004 y 2010. Su imputación pone además en serios aprietos al PSOE, que ha defendido su gestión de manera férrea en las últimas semanas.

La investigación da otro paso al implicar a un cargo en el poder desde 1995

La juez considera que Fernández conoció y permitió algunas de las irregularidades que el ex director general de Trabajo Javier Guerrero ha confesado en sus dos declaraciones ante la policía -como testigo e imputado-.

Fernández, que actualmente preside el consejo regulador de los vinos de Jerez, recibió ayer un burofax con el aviso de su imputación para que se persone en el caso con abogado y procurador. En la nueva vía de investigación que analiza todos los ERE tramitados desde la Consejería de Empleo están imputados los intrusos identificados por la policía, además de los intermediarios, el propio Guerrero y, ahora, Fernández.

"Ni he firmado, ni he pagado, ni he consentido o conocido a ningún intruso. Estoy muy tranquilo porque la imputación es una garantía de mi defensa", señaló ayer Fernández. El pasado viernes Guerrero dijo a la policía que informaba de todas sus decisiones a los exconsejeros Fernández y José Antonio Viera en las reuniones de dirección de la Consejería.

De este modo, sigue aumentando el nivel de responsabilidad dentro de la Junta durante la década en la que se concedieron ayudas públicas a empresas en crisis con un fondo de 647 millones, entre 2001 y 2010. El previsible devenir de la instrucción judicial apunta a la imputación del secretario general del PSOE de Sevilla, el senador José Antonio Viera, consejero de Empleo entre 2000 y 2004 junto a Guerrero. Esto supondría que el Tribunal Supremo asuma la investigación, dada la condición de aforado de Viera.

El PSOE andaluz esperaba desde hace semanas la imputación de Fernández. "Cuando a alguien lo llaman en diligencia previa, se trata de una garantía procesal; Antonio Fernández podrá demostrar su inocencia", dijo su secretaria de Organización, Susana Díaz. El PP pidió la dimisión inmediata de Fernández y Viera y responsabilizó en última instancia al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al que definió como "un político cercado", informa Isabel Pedrote.