"No existe una política de rebaja de penas a narcos"

Los efectos de la reciente reforma del Código Penal en materia de tráfico de drogas y los pactos previos al juicio entre fiscales y abogados para la aceptación de las condenas se traducen en sustanciales beneficios penitenciarios para los narcotraficantes. Una política, bautizada como de conformidades, difícil de digerir para la opinión pública, que interpreta esta política como un retroceso en la lucha contra el crimen organizado. Como máximo responsable de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, José Ramón Noreña, aclara, por primera vez, este nuevo escenario judicial y cree que se ha "malinterpretado".

Pregunta. ¿La última reforma en materia de tráfico de drogas ha permitido revisar muchas condenas?

"Si hay confesión o dilaciones en el proceso, los acuerdos están fundados"

"Mientras haya demanda y crezca, no se acabará con el narcotráfico"

Respuesta. Esta reforma está suscitando problemas muy complejos. Respecto de las sustancias que, como el hachís, no causan grave daño a la salud, se mantienen las mismas penas en el delito básico. Pero esta condena puede reducirse, atendiendo a la escasa entidad del hecho, y agravarse notablemente cuando interviene una organización. Para la cocaína o la heroína se ha reducido el límite máximo, de nueve a seis años, lo que implica también una reducción de las penas superiores. En el caso de una organización, se prevé una pena de nueve a 12 años para los partícipes, y de 12 años y un día a 18 para los jefes. Hemos comprobado las condenas impuestas en la Audiencia Nacional a 870 penados e informado favorablemente la revisión a 274, lo que supone un 32% del total.

P. Tal vez lo que más escandaliza a la opinión pública es la política de conformidades que están aplicando ciertos fiscales.

R. Creo que se ha convertido en categoría lo que, en realidad, es más bien una anécdota. La Audiencia Nacional ha dictado en 2010 al menos 65 sentencias y en 35 de los procesos el fiscal no modificó sus conclusiones provisionales. Las sentencias fueron conformes con las pretensiones formuladas por el fiscal en el 80% de los procesos, una proporción ciertamente alta. Solo en tres sentencias se ha manifestado expresamente por la Sala -en todos los casos la Sección Cuarta- su discrepancia con la modificación realizada por el fiscal, supuestos en que no hubo adhesión de las defensas. Por lo tanto, no existe una política generalizada de conformidades que pase por una rebaja sustancial de las penas.

P. Pero cuesta comprender que se pueda negociar con el jefe de una organización criminal para darle beneficios penitenciarios.

R. Las razones por las que se ha llegado a acuerdos son muy diferentes pero todas fundadas. Cabe destacar los supuestos en que han existido dilaciones en el proceso o ciertas dificultades de prueba de los hechos que, entonces, se resuelven con la confesión de los acusados.

P. Estos pactos se han llegado a interpretar como una forma cómoda y rápida de finiquitar un proceso largo.

R. No estoy de acuerdo con esa apreciación y, desde luego, no es esta la razón por la que se llega a acuerdos. En los procesos en que no concurren las circunstancias antes mencionadas se celebra el juicio completo.

P. ¿Cuál es el panorama del tráfico de drogas y qué papel juegan las organizaciones gallegas?

R. Más que de organizaciones habría que hablar de zonas geográficas más relevantes, porque las organizaciones, cualquiera que sea el origen de sus componentes, se desplazan geográficamente si es necesario. Los narcotraficantes gallegos casi han abandonado el tráfico de hachís por la cocaína, mucho más rentable, y en esto la primacía y el protagonismo la ostenta Galicia, donde parece observarse un desplazamiento hacia la provincia de A Coruña, e incluso hacia el Cantábrico y también Portugal, si hablamos de operaciones realizadas con embarcaciones. Pero el presente está en el empleo de contenedores, tanto por transporte marítimo como aéreo. En un solo contenedor puede enviarse la misma o más cantidad que en un solo barco y con menor riesgo.

P. Los índices de aprehensiones han bajado en los últimos años, aunque en términos porcentuales somos el primer país consumidor de Europa.

R. España es uno de los países con mayor demanda pero parte de esta afirmación ha de atribuirse a que es el país que realiza los estudios más completos sobre consumo. El hecho de ser lugar de distribución no impide, sino que acrecienta, la posibilidad de que parte de la droga se quede en el país. La reducción de las incautaciones en la heroína se debe a la reducción del consumo. En cuanto al hachís y cocaína, la razón parece estar más bien en la reducción de riesgos por los narcotraficantes; por ejemplo, una tonelada de cocaína repartida en cuatro o cinco contenedores.

P. Existen indicios de que las temidas mafias mexicanas están operando en España.

R. Me consta que la policía controla que no haya una implantación de carteles mexicanos y están atentos a cualquier movimiento para evitarlo. Se ha detectado alguna actividad, pero no una auténtica implantación. Si atendemos a recientes estadísticas sobre detenciones, la proporción de españoles respecto a los extranjeros es del 61,78%. La lista está encabezada por marroquíes y, frente a los 2.541 colombianos detenidos, solo 37 son mexicanos.

P. El blanqueo de dinero es una batalla primordial.

R. Es un problema muy grave en la lucha contra el crimen organizado. El más simple consiste en invertir en la propia zona de residencia de los narcotraficantes: el pazo Baión, las inversiones de Los Charlines... Este tipo de blanqueo es el que permite las mayores incautaciones. El más complejo son las inversiones en terceros países.

P. Desde la fiscalía se sugieren medidas para que los patrimonios incautados no se devalúen.

R. Cualquier propuesta en este sentido pasaría por una reforma legal, ya que la venta es la medida legalmente prevista. Creo que sería necesario regular fórmulas que permitieran una explotación racional de los bienes, generando unas rentas para el Estado o, en los bienes decomisados, para el Plan Nacional, que no signifiquen en todo caso la venta.

P. Otro frente abierto es la rápida destrucción de los alijos para evitar que ocurran sucesos como el del cuartel de la Guardia Civil de O Grove en el que desapareció droga.

R. Este problema fue abordado en esta fiscalía especial en 2010 y se abogó por una destrucción anticipada de la droga, dejando muestras suficientes para un posible contraanálisis. Se fijaron las pautas para un mayor control y esperamos resultados.

P. ¿Cree que el narcotráfico puede acabar algún día?

R. Aunque en un momento inicial la oferta precede a la demanda, ahora solo puedo decir que mientras haya demanda, y ésta sigue creciendo, habrá producción y oferta. Por lo tanto, es necesaria una política constante de información sobre los nocivos efectos del consumo de drogas y de persecución de los delincuentes, así como decomiso de sus bienes.